El Gobierno maniobra para hacer 100% pública la promotora de la Sareb
Negocia con el fondo Värde comprarle el 10% que no controla de la entidad Árqura Homes, creada en 2019
El Gobierno planea que la promotora inmobiliaria de la Sareb se convierta en cien por cien pública en los próximos meses. Para ello está negociando comprar la participación de esa entidad, llamada Árqura Homes, que todavía no controla. Un movimiento que se produce meses después de que el FROB, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, se convirtiera en el accionista de control de la Sareb.
La Sareb es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Una entidad que nació en 2012 para absorber los activos problemáticos de la banca. Se adquirieron a las entidades rescatadas casi 200.000 activos por más de 50.000 millones de euros , y el accionariado de la compañía quedó el 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y el 45,9% en manos del FROB.
Ese equilibrio accionarial cambió a principios de 2022 cuando el Gobierno decidió tomar el control y comprar un porcentaje a los bancos para superar el 50% del capital. Unido a ello, el Ejecutivo reforzó la labor social de la Sareb como herramienta de vivienda pública. Ahí se enmarca este movimiento.
El también llamado ‘banco malo’ anunció la creación de Árqura en el verano de 2019, meses antes de que la crisis del coronavirus echara por tierra la promoción inmobiliaria. El accionariado se reparte en un 90% en manos de Sareb y otro 10% en poder del fondo Värde Partners. La Sareb dotó a la promotora con activos valorados en 811 millones de euros y prometió inversiones de 2.238 millones hasta 2027 para promover 17.095 viviendas. Tal y como informó entonces la compañía, la mayoría de las promociones (el 58%) de Árqura se localizarían en Andalucía, Cataluña y Madrid y sería Aelca, sociedad propiedad de Värde, la encargada de gestionar estos proyectos.
Sin embargo, el juego de poder está llamado a cambiar. Fuentes conocedoras explican que la Sareb ha transmitido a Värde la intención de comprarle ese 10% de Árqura, que inicialmente se valoró en 80 millones de euros. Y el guante ha sido recogido por el fondo de inversión, que quiere también deshacerse de esa participación. Ambas partes están en negociaciones, como confirma la sociedad controlada por el FROB.
La institución de mayoría pública quiere no tener obstáculos en sus planes de vivienda social. Y contar con Värde en el accionariado podría ser un problema a futuro. Pero para el fondo, el movimiento llega en el mejor momento. Fuentes conocedoras apuntan a que Värde está muy descontento con la gestión de Árqura y está viendo que su participación cada vez vale menos dinero y no saca ningún rédito económico a la inversión. Por eso está de acuerdo en vender su 10%.
Aun así, hay una pata en la negociación que promete generar fricciones. Aelca, propiedad de Värde, es el que presta los servicios a Árqura para la promoción de viviendas, pero la sociedad no está satisfecha con el ritmo de ejecución de los proyectos. El fondo de inversión constata que la empresa que creó específicamente para dar servicios a la promotora va perdiendo valor por la falta de ritmo y de trabajo. En este sentido, Värde ha pedido también renegociar el contrato de servicios para tratar de sacarle algo de beneficio al acuerdo.
Así las cosas, entre los activos con los que nació Árqura, un 41% eran promociones en curso, un 29% suelo en desarrollo, un 27% suelo finalista y un 3% promociones paradas. Según datos de la compañía, hasta ahora se han aprobado en diferentes fases 7.555 viviendas y se han entregado, aparte, 1.375 inmuebles.
Desde Aelca piden «prudencia» y limitan las negociaciones al entorno de Värde y la Sareb. Aún así, se muestran optimistas respecto al futuro del acuerdo y aseguran que «no tiene por qué cambiar nada» aunque el fondo americano salga del accionariado. «El acuerdo de gestión es independiente», destacan desde Aelca. Desde Värde han declinado hacer declaraciones.
Así las cosas, los planes del Gobierno pasan ahora por convertir a la Sareb en un instrumento clave de la política de vivienda. Con el ‘banco malo’ ya en manos del FROB, el Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto para poner a disposición de las comunidades autónomas viviendas del ‘banco malo’ para que las destinen a alquileres sociales durante al menos 50 años. El decreto establece que el Ejecutivo invertirá hasta 10 millones de euros para financiar el cien por cien de la compra de estos inmuebles –que pasarán a manos de las autonomías– así como todos los gastos inherentes a la misma. Es decir, en algunos casos regalará estas viviendas de la Sareb a las comunidades.
La sociedad también juega un papel clave en el ambicioso proyecto del Ejecutivo para levantar 100.000 alquileres sociales. El Ministerio de Transportes pretende utilizar casi 30.000 inmuebles de Sareb para lograr la cifra de las 100.000. Según los datos del departamento dirigido por Raquel Sánchez, unas 15.000 viviendas de la sociedad ya han sido entregadas a alquileres sociales y a ellas se sumarán entre 10.000 y 15.000 más gracias a los suelos que pondrá a disposición del Gobierno la sociedad. Esos suelos, en principio, serán desarrollados por la propia Aelca.
Como publicó ABC, el plan de los 100.000 alquileres sociales ya ha sufrido modificaciones y se ha alargado en el tiempo debido al papeleo y la burocracia. El Gobierno asegura que ya hay 25.000 viviendas entregadas, aunque rechaza poner un objetivo para el conjunto de la legislatura al señalar que la iniciativa está compuesta por diferentes proyectos y cada uno tiene su calendario.