Ni «desaprensivos» ni «corruptivos»: así defendió la Abogacía de Armengol a la empresa de la trama
Aseguraba que la mercantil ahora investigada «había cumplido con las condiciones pactadas»
Un rosario de reproches contra la Oficina Anticorrupción y ninguna crítica a la gestión política. La Abogacía de Baleares cerró filas con el gobierno autonómico de la socialista Francina Armengol ante la primera sospecha que llegó ya en 2020 sobre la polémica compra de mascarillas por 3,7 millones de euros públicos a la empresa de la trama vinculada al entorno del exministro José Luis Ábalos. «No hay ningún indicio de haber caído en manos de desaprensivos», ni de «terceros sin escrúpulos», afirmó taxativamente en su informe de alegaciones ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares en octubre de ese año.
La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que dependía del gobierno de Francina Armengol, garantizó que no había «hechos concretos» que indicasen «malas prácticas corruptivas». Y añadió, para más claridad, que todos los proveedores habían cumplido «con las condiciones pactadas». Una férrea defensa que se producía cuatro meses después de que el ejecutivo de Armengol fuera conocedor de la mala calidad de los cubrebocas de la trama de Koldo abandonados en un almacén desde el primer momento.
La Oficina Anticorrupción había advertido al ejecutivo socialista en septiembre de 2020 de que las compras públicas de emergencia –que tenían menos mecanismos de control y supervisión– durante los primeros meses de la pandemia podían ser aprovechados por algún «pirata» para hacer negocio, como se lo definió el director del ente, Jaime Far. Le reprochó que hubiera abusado de este recurso de emergencia y manifestó serias dudas sobre algunos proveedores escogidos por el ejecutivo para adquirir material de protección sanitario.
Entre las empresas señaladas por Anticorrupción se encontraba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, ahora investigada por la Audiencia Nacional por un presunto caso de corrupción ligado al soborno de funcionarios a cambio de comisiones ilegales. Un entramado de empresas que no se dedicaba a la venta de mascarillas –uno de los requisitos imprescindibles para llevar a cabo la operación– y cuyos dirigentes aparecían en el caso de los denominados papeles de Panamá con dos sociedades ‘offshore’ en Malta, advirtió la Oficina Anticorrupción, un órgano de control al que el gobierno de la socialista Armengol ocultó en todo momento el lote fraudulento de las mascarillas de Koldo.
«A misas dichas»
La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares le respondió con un ataque, acusándola de haberse «precipitado a la hora de determinar cuestiones tan graves como que se haya producido una mala praxis que haya puesto en riesgo caudales públicos», como así había ocurrido con los 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles.
Le recriminó que sus recomendaciones «llegaban a misas dichas» (expresión en catalán similar a ‘a toro pasado’) y que era «muy fácil dar consejos sobre las contrataciones hechas por el IB-Salut y por la Administración de la Comunidad Autónoma a posteriori», rubricó su escrito antes de citar a Guillem de Bergadà, que «ya decía en el siglo XII ‘cuando la liebre ya ha huido, pocos consejos a los cazadores’».
Lejos de hacer autocrítica, la Abogacía presumió de que nadie del Gobierno socialista había caído «en manos de ningún desaprensivo» que hubiera querido «hacer negocio durante la pandemia», aunque reconoció que existía el peligro de que «terceros sin escrúpulos» pudieran haber tratado de aprovecharse.
Cuando la Abogacía hizo estas afirmaciones en octubre de 2020, el Gobierno de Armengol sabía desde hacía meses que el supuesto trato de compra de mascarillas FPP2 con la trama no se había cumplido. Todavía hoy ni Armengol ni el PSOE siguen sin aclarar quién contactó con el Ejecutivo socialista, con quién contactó y qué se acordó, tal y como recuerda la investigación de la Audiencia Nacional.
Pese a ello, el ente insistió en ese momento en que nadie había «tomado el pelo» al Gobierno de Armengol sino «más bien al contrario». «Los contratos se han cumplido, las calidades de las remesas enviadas han sido comprobadas por la consejería y se consiguió traer material sanitario a las Islas cuando era casi imposible hacerlo con éxito», alega describiendo una gestión perfecta, pese a que también existía otra comanda fallida con Panaf, como reveló este diario.
«Ha quedado demostrado que todos los proveedores han cumplido con las condiciones pactadas y nos han suministrado el material comprado, lo que hace patente la buena elección que hizo el Servicio de Salud a la hora de elegir sus proveedores», sostiene incluyendo también a Soluciones de Gestión SL, empresa de la que dijo tener «referencias» y ser «de confianza», como ya informó este miércoles ABC. Además, la Abogacía subrayaba la extrema dificultad para comprar material sanitario en aquella época, obviando que el Gobierno de Armengol rechazó propuestas como la de una organización sin ánimo de lucro que, tal y como informó ABC, ofreció un camión entero de mascarillas que finalmente no llegaron a Palma.
En cambio, sí se aceptó la propuesta de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, pese a que no tenía ninguna experiencia en la gestión y venta de material sanitario. La Abogacía, sin embargo, incluye a la trama vinculada a Koldo García dentro del grupo de «empresarios que se habían reinventado en un momento de crisis» y detalla que los honorarios de la trama y otros proveedores «estaban incluidos en el precio del material sanitario o, como reconoce el informe de la Oficina [Anticorrupción], cobraban directamente de las fábricas».
Respondió a la Oficina Anticorrupción que no había «ningún indicio» de compras de material a «terceros sin escrúpulos»
Sin crítica a la gestión política, reivindicó como un logro haber conseguido mascarillas «cuando era casi imposible hacerlo»