La Junta diseña un Consejo Consultivo más político para opinar de sus leyes
∑Un expresidente y dos exconsejeras integran la comisión que ejercerá un control jurídico sobre el urbanismo en ayuntamientos de distintas siglas
El Consejo Consultivo de Andalucía que ha diseñado el Ejecutivo regional será el más político de la historia de la Autonomía. Tras una inesperada renovación aprobada esta semana por el Gobierno andaluz sin consultar a ningún partido, tres de sus seis consejeros electivos con dedicación exclusiva tienen como denominador común que han desempeñado altas responsabilidades políticas en la Junta de Andalucía, sin incluir a su presidente, Juan Cano, que ocupa este puesto con rango de alto cargo desde 2002. Todos ellos cobran retribuciones con cargo al presupuesto autonómico por su condición de miembros de la Comisión Permanente, el órgano deliberativo que emite opiniones jurídicas sobre todas las normas de la Comunidad.
Por primera vez no habrá en el Consultivo ningún jurista propuesto por el PP. Se rompe así la tradición de negociar estos puestos que instauró el expresidente Manuel Chaves, aun contando con mayorías absolutas en el Parlamento. El Ejecutivo de Susana Díaz justifica los cambios amparándose en que la ley que regula el Consultivo, en efecto, estipula que el nombramiento de sus miembros corresponde por decreto a la presidenta andaluza. El argumento no convence a la oposición, que mira con recelo cómo casi la mitad de los asientos en un órgano de obligada consulta están copados por personas licenciadas en Derecho, pero que si han destacado por algo ha sido por su currículum político. El golpe de mano de la Junta ha disparado las dudas en el PP, IU y Podemos (y Ciudadanos con matices) sobre el contrapeso independiente que debe ejercer en sus dictámenes sobre el desarrollo legislativo andaluz.
El Consultivo, que cuesta a los andaluces 3,83 millones de euros al año, tiene como principal misión la de dar una opinión jurídica sobre leyes y procedimientos de revisiones de oficio. En el proceso puesto en marcha para recuperar el dinero de las ayudas irregulares de los ERE, por ejemplo, el Consejo tumbó numerosas reclamaciones del Ejecutivo por fallos en la tramitación o caducidad de los expedientes.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC destacan que su influencia trasciende el marco autonómico. «No sólo es el órgano de asesoramiento jurídico de la Junta, sino que también ejerce el asesoramiento y control sobre los ayuntamientos, ya sean del PP, del PSOE, de IU o de Podemos» en cuestiones sensibles como el urbanismo. «En materia urbanística sus dictámenes no sólo son preceptivos sino vinculantes», aclara un jurista que conoce a la perfección los engranajes internos de este ente que emite del orden de 900 dictámenes cada año.
El recambio unilateral del Gobierno andaluz ha fulminado a los dos conse-