Nuevo frente judicial contra los Mossos por su inacción el 1-O
A la excúpula de los Mossos se le acumulan los frentes judiciales por el operativo con el que debían haber frenado la consulta independentista del 1O. Al margen del procesamiento en la Audiencia Nacional del mayor Josep Lluís Trapero, y de otras dos causas todavía abiertas en Sabadell (Barcelona) y Lérida, ahora un juez de Cornellá (Barcelona) ha imputado a siete altos mandos por su supuesta pasividad a la hora de impedir el referéndum. Deberán declarar en diciembre como investigados por un delito de desobediencia. Entre ellos está el adjunto de la Prefactura de Mossos Ferran López, que sustituyó a Trapero como jefe de la policía catalana cuando éste fue destituido con el 155.
La decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellá llega después de que la Audiencia Nacional – que se encarga de la causa principal– rechazase asumir esta pieza. El juez quiere conocer el papel de estos siete investigados en la «elaboración, aprobación y cumplimiento de las pautas de actuación» de los Mossos para el operativo contra el referéndum ilegal. También, si dicho operativo incumplía las órdenes judiciales recibidas.
Tras analizar las actas de las reuniones de la cúpula de la policía catalana tras el 1-O que le remitió la Audiencia Nacional, el juez ve indicios de que las decisiones sobre el dispositivo se habían tomado de forma «conjunta y colegiada». «Parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria sus miembros, explicando cómo cada uno decide, gestiona y ejecuta su ámbito», dice el juez en la providencia en la que los cita a declarar. Los siete imputados ya no forman parte de la cúpula, pero algunos son comisarios y todavía mantienen cargos importantes. Entre ellos está el que era jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, Joan Carles Molinero. La Fiscalía ha archivado la causa por las sanciones que policías locales de Ametlla de Mar (Tarragona) impusieron a quienes repintaron de rojo una estructura con forma de lazo amarillo, trazando así la bandera española. En su decreto, el fiscal avisa de que no se debe multar a quienes dañen estos símbolos si no están en un bien público. También archiva la causa contra el alcalde del municipio, Jordi Gaseni, por un «tuit» en el que llamaba «bichos» a quienes repintaron el monumento situado en una rotonda. Fueron denunciadas ocho personas, entre ellas el periodista Arcadi Espada.