El Gobierno declara la guerra a las grandes eléctricas
Limitará «los beneficios caídos del cielo» de las nucleares y de las hidráulicas
Las principales medidas sobre transición energética que recoge el proyecto de Presupuestos firmado ayer por el Gobierno socialista y Unidos Podemos tienen el sello de este último grupo y suponen una auténtica declaración de guerra a las principales compañías eléctricas del país.
La medida que más ha sorprendido y que supondrá un «hachazo» a los ingresos de, sobre todo, Iberdrola y Endesa, es la de «acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías –hidráulicas y nucleares– que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y han recuperado sobradamente sus costes de inversión». El documento apunta a que «una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado directamente a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores».
Desde el sector subrayaron ayer a ABC que «no es cierto que las centrales nucleares y las hidráulicas estén amortizadas porque todos los años se hacen inversiones» y que «penaliza la generación libre de emisiones».
También se revisarán los pagos por capacidad (remuneración que se paga a las eléctricas y que se incluye en el recibo de la luz para que mantengan disponibles sus centrales para cuando sea necesaria su producción).
Con ambas medidas, el Gobierno pretende reducir la pesada carga que tienen los costes regulados (60% del total) en la factura de la electricidad.
Repsol, que hace unos meses adquirió varias centrales hidráulicas y de ciclo combinado de gas a Viesgo también se verá afectado por estas medidas.
Un nuevo bono general
El proyecto de Presupuestos apunta a la creación de un bono social general (eléctrico y gasista) que «será financiado íntegramente por todas las empresas del sector proporcionalmente a su volumen de facturación», tal y como sucede ahora con el bono social eléctrico. Una vez más, esas empresas critican que tengan que ser ellas quienes asuman «una decisión política» y señalan que debería ser financiado por los Presupuestos del Estado.
Comercializadoras públicas
Otra de las medidas sorpresa y que emana de Unidos Podemos es la de fomentar las comercializadoras municipales, un primer paso en su ansiado objetivo de nacionalizar las eléctricas. Las grandes compañías del sector se preguntaban ayer «si esas empresas venden la luz más barata, ¿lo pagarán todos los ciudadanos a través de los impuestos municipales?
Los Presupuestos de 2019 incluyen además el reiterado fomento del autoconsumo eléctrico, donde la energía vertida a la red por esas instalaciones deberá ser retribuida, como mínimo, con el mismo precio del mercado mayorista.
En estos Presupuestos no aparece la reforma fiscal anunciada por Teresa Ribera ni la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica aprobada la semana pasada.