«No hay ni un pueblo en el Mediterráneo que esté a salvo»

∑ En España existen 1.340 áreas de riesgo potencial y la cifra seguirá creciendo

Sant Llorenç des Cardasar y S’Illot, las zonas más castigadas por el torrente de agua en Mallorca, se encuentran marcadas en rojo desde 2013 en el mapa de riesgo de inundaciones. «Al final la naturaleza siempre gana», resume Antonio Prieto, expresidente del Colegio de Geógrafos de España, cuando se intenta «ganar terreno» a los cauces, los barrancos o las ramblas.

Una directiva europea puso en marcha hace más de una década la obligación de cartografiar las zonas con peligro de inundaciones y a elaborar planes de gestión del riesgo en todos los países miembro. El resultado: en España existen hasta 1.342 áreas marcadas en rojo por posibles inundaciones fluviales y marítimas. Discurren, interrumpidamente, a lo largo de 11.000 kilómetros de costa y de territorio interior. Ahora el mapa se encuentra en revisión (debe hacerse cada 7 años), y fuentes ministeriales apuntan a que el número de áreas en peligro incrementará.

Aunque desde 2016, cuando se aprobaron los planes de gestión del riesgo, está prohibido construir en estas zonas, hoy no está contabilizado el número de poblaciones a las que afecta. Según Ecologistas en Acción, hay más de 40.000 construcciones en estas zonas. «Es imposible medir cuántos pueblos hay en peligro», resume Prieto, quien sí asegura que «no hay un pueblo que se salve del peligro» en la cuenca mediterránea.

Limitar el peligro

Las características del clima, que alterna periodos de sequía con lluvias torrenciales, se mezcla con una «corta memoria», dice el profesor de la Universidad de Alicante, por lo que se han alterado cauces de ríos y barrancos no solo para edificar, sino también para cultivar. «El riesgo se crea cuando el hombre hace cosas que no debe y él mismo se expone». Ahora, dice, el problema es qué hacer con las personas que están asentadas sobre estos territorios. «Es muy costoso y complicado, incluso desde el punto de vista social, porque con inundaciones que se dan cada 20 o 30 años, la gente no ve el problema». De hecho, la normativa actual no contempla el derribo de construcciones, sino que se basa en obras en cauces, restauración de ríos, encauzamientos o nuevo ordenamiento del territorio. En marcha desde 2016, en la mayor parte de las comunidades no se han implantado todas las medidas. Tampoco los planes sociales de percepción del riesgo.

«Por mucho cauce que limpies, si el cielo descarga miles de litros en estas zonas, se van a inundar», explica Paloma Nuche, responsable de Costas de Greenpeace. Nuche cuenta que el Gobierno balear aprobó a finales de 2017 una partida de dos millones de euros para gestionar el riesgo de inundaciones. Fueron destinados, en su mayoría, a limpiar cauces. «No es la medida más importante, lo que tenemos que saber es que la vegetación disminuye la escorrentía y que en terrenos urbanizados el agua no permea el suelo y avanza». Según un estudio de la organización ecologista, la capacidad de amortiguación de inundaciones de los ecosistemas costeros se ha reducido en un 10,6% en España desde 2005. Baleares es la región que más ha sufrido esta pérdida, debido a que la vegetación se ha reducido casi a la mitad, en la última década. Aunque no es la única: Galicia ha perdido el 20,2%; Andalucía, un 9%; Murcia un 7% o la Comunidad Valenciana, un 5%. Según el último informe del IPCC de la ONU, en la zona del Mediterráneo se prevé que las lluvias torrenciales aumenten de un 5% a un 15% entre 2071–2100.

Gestión Desde 2016 está prohibido construir en zonas con riesgo grave de inundación