La Junta agota la vía legal para esquivar el fallo del caso Nevada

Se expone a incurrir en temeridad procesal y aumentar la cuantía de la indemnización

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recalcado en Granada que el Gobierno autonómico va a «seguir trabajando y agotando toda la vía judicial para que sea el resultado adecuado y justo». Con estas palabras ha respondido a la última decisión del Tribunal Supremo, adelantada por ABC, de no entrar a revisar el litigio con el Centro Comercial Nevada de Granada, un fallo que cierra la vía ordinaria y abre la puerta a acudir de forma extraordinaria al Tribunal Constitucional. Pese a la falta de argumentos que han puesto de relieve las sucesivas sentencias, la intención de la Junta es, por tanto, seguir «recurriendo».

Y todo ello a riesgo de que actúe con temeridad procesal y suponga el plausible aumento de la indemnización histórica que deberán pagar los andaluces: más de 165 millones de euros por una sentencia que ya es firme y ejecutiva, dado que el centro comercial aún no ha solicitado su ejecución. La factura sigue creciendo por los intereses devengados, aproximándose a la cantidad reclamada por el empresario Tomás Olivo, quien ya fue condenado por la construcción ilegal del edificio con la cobertura jurídica de la Junta, que ordenó parar fuera de plazo las obras avaladas por el Ayuntamiento de Armilla.

«Llegaremos al límite que nos permite el ordenamiento jurídico español», ha aseverado la presidenta andaluza, convencida de un posible final «justo». Sin embargo, el recurso de amparo ante el Constitucional en el que ya trabaja el Gobierno andaluz ni siquiera serviría para entrar al fondo del caso, sino que se limitaría a revisar una supuesta vulneración de derechos fundamentales que los tribunales niegan de antemano que se haya producido. Los argumentos de la Junta se han centrado en evidenciar la vulneración de la tutela judicial efectiva, una tesis que niegan los diferentes tribunales por los que ha pasado el caso, dado que el letrado autonómico –emparentado con el responsable de impugnar fuera de plazo las obras del centro comercial– se ausentó en una vista clave del juicio. Su incomparecencia impidió que el Gobierno andaluz presentara su pericial cuando tenía que hacerlo.

Por si hubiera dudas, y ante el previsible recurso de amparo que pretende formular ahora la Junta, el Supremo apunta en su última resolución que tanto sus fallos como los del Tribunal Constitucional en ningún caso supondrían una vulneración de la tutela judicial efectiva.

165 millones El Supremo cierra la vía ordinaria y confirma la sentencia que obliga a pagar al empresario