GOLPE A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
UN juzgado de Palma de Mallorca ha autorizado unas medidas de investigación insólitas para descubrir la fuente de unos periodistas del Diario de Palma y de Europapress que publicaron un informe policial sobre el caso Cursach, el empresario balear investigado por actividades ilícitas. Los agentes estaban autorizados judicialmente para llevarse móviles, ordenadores y documentación de los periodistas, y así lo hicieron. Estas medidas revisten una extrema gravedad porque van a permitir el acceso indiscriminado a los contenidos profesionales y personales de ambos periodistas, lo que pone en jaque su derecho al secreto profesional, además de su intimidad. Es un tipo de investigación impropia de una justicia del siglo XXI. Es evidente que el filtrador no es el periodista, y eso es suficiente para descalificar la incautación de sus herramientas de trabajo. Si ante un juez cualquier periodista puede acogerse al secreto profesional sobre la identidad de sus fuentes, lo que ha hecho el Juzgado de Palma es un atajo para socavar ese derecho e identificar esas fuentes utilizando al propio periodista a través de sus medios de trabajo.
La doctrina del TC y de los tribunales de Justicia han reiterado que el periodista no comete delito cuando difunde la información que ha obtenido de una fuente. El secreto judicial lo vulnera quien extrae la información del proceso y del Juzgado, no el medio de comunicación que lo da a conocer. Para cuando llega al periodista, el secreto ha dejado de serlo. Puede discutirse sobre la responsabilidad ética y la autorregulación del medio, pero ambas cuestiones quedan al margen del Código Penal. Además, el juez de Palma se ha arriesgado a que cualquier dato que obtenga del análisis de los móviles, ordenadores y documentos de los periodistas sea nulo de pleno Derecho. Cuando esto pase, en vez de darse golpes de pecho por la libertad de información, habrá que preguntarse quién responde este auténtico desafuero.