Estupor general ante los registros a periodistas en Palma
∑ El CGPJ y el Consejo Fiscal eluden valorar la medida, que las asociaciones judiciales califican de «extraña»
La fiscal general del Estado, María José Segarra, interpelada por un grupo de periodistas La incautación de los móviles y ordenadores de los periodistas que investigan el caso Cursach en Palma ha causado estupor no sólo entre los medios de comunicación, que han reaccionado de forma inmediata ante lo que lo que se consideran una «clara vulneración del secreto profesional», sino también en el propio ámbito judicial. Mientras que desde el Diario de Mallorca –donde trabaja uno de los periodistas víctima del registro– se anunció ayer la interposición de una querella contra el magistrado, que investiga una presunta trama de corrupción policial en Palma y Calviá, las distintas asociaciones judiciales coincidieron en señalar que la medida adoptada por el instructor (para averiguar el origen de una filtración) es «poco habitual» y resulta «extraña».
Entretanto, la fiscal general del Estado, María José Segarra, aseguró ayer que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas. «Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo», señaló Segarra antes de entrar en un acto en el Consejo General de la Abogacía. Una representación de periodistas le entregó una misiva firmada por 200 profesionales de la información en la que le instan a que rectifique (el fiscal del caso apoyó la orden judicial) ante la indefensión a la que se ve abocado el informador.
Por su parte, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se declinó hacer valoración alguna sobre estos registros, al tratarse de una «decisión que se circunscribe al ámbito jurisdiccional, en el que el Consejo no puede entrar», aseguraron fuentes del órgano de gobierno de los jueces. De igual forma, el Consejo Fiscal en su reunión de ayer concluyó que «no nos corresponde manifestarnos en modo alguno ni entra dentro de nuestras competencias pronunciarnos sobre un procedimiento penal en tanto en cuanto podríamos interferir en el desarrollo de una investigación judicial».
Los portavoces de las asociaciones judiciales recordaron, en declaraciones a ABC, que, según lo que ha trascendido, los periodistas del citado rotativo y de la agencia Europa Press no estarían imputados en esta causa, lo que convierte esta actuación en «sorprendente». Aún así, se mostraron cautos a la hora de valorar la orden judicial, pues además de haber contado con el visto bueno del fiscal, se trata de una pieza secreta en la que «a lo mejor hay elementos que en este momento se nos escapan», señaló el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez.
Rodríguez reconoce que hay una diferencia sustancial entre solicitar una grabación o llamar a declarar a un periodista en el marco de una investigación y lo sucedido en Palma: «Aquí la particularidad es que se está investigando la autoría de un delito de revelación de secretos y se acaba registrando al medio de comunicación que la difunde». Recuerda el portavoz que el derecho al secreto profesional del periodista está protegido por el artículo 20 de la Constitución y que, al no haber una ley que lo desarrolle, los límites a ese derecho no están claros. «Hasta ahora no podemos decir desde luego que los registros al periodista para descubrir sus fuentes sea lo habitual», sostiene. No obstante, Rodríguez llama a la prudencia, pues «no conocemos los términos de la orden de entrada y registro, la motivación del auto que autoriza la entrega de los dispositivos. Nos faltan datos. Resulta difícil creer que juez y fiscal no hayan tenido en cuenta la delimitación del derecho fundamental a la protección de las fuentes», dice.
«Ponderación razonada»
De igual forma, desde Francisco de Vitoria su portavoz, Raimundo Prado, recuerda que el derecho a la información y al secreto profesional goza de protección constitucional y que sólo se puede restringir «con una ponderación muy razonada». En este sentido afirma que el artículo 20 trasciende del periodista, porque «es un derecho que incumbe a toda la sociedad». Prado recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre el secreto profesional del periodista y que cualquier restricción a sus derechos ha de ser «excepcional, razonada y limitada». En este sentido, Prado tilda de «extraña» la actuación del juez instructor, aunque recuerda que ha contado con el visto bueno del fiscal.
Desde Jueces para la Democracia, el portavoz territorial Joaquim Bosch sostiene que la incautación de los móviles y ordenadores de los redactores de ambos medios «puede ser desproporcionada» por dos motivos: primero, porque no están imputados, y segundo, porque puede vulnerar el secreto de las comunicaciones al tener acceso ahora los investigadores a toda la información, profesional, pero también personal, que los periodistas guardan en sus dispositivos. «Hay que hacer una ponderación, y en ese juicio de proporcionalidad no se pueden invadir derechos fundamentales del periodista para perseguir delitos cometidos por terceros». Bosch advierte de que este precedente tiene una «deriva peligrosa» en lo que se refiere a la confidencialidad de las fuentes.