El letrado de Griñán no ve pruebas de la conjura política en los ERE
∑ Afirma que se han sustituido por «convicciones sin validez penal»
El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán (de espaldas) ayer durante el juicio Hoy se cumple un año del inicio del juicio de los ERE cuando están a punto de concluir las intervenciones de las defensas. Ayer culminó su alegato el letrado José María Mohedano, en la defensa del expresidente Griñán.
Si el martes el letrado cargó contra el exinterventor general porque, según dijo, incriminó al expresidente con la intención de buscar una prueba de cargo y conseguir la benevolencia del tribunal, ayer reiteró su línea argumental. Las tesis de Mohedano se basa en que, primero, Griñán no recibió el informe de la Intervención alertando de irregularidades y, segundo, que en ese informe no se apreciaban indicios de menoscabo de fondos públicos. Y tampoco de responsabilidad contable. A ello unió que considera que todas las acusaciones están basadas en juicios valorativos o de inferencia. Y a eso suma que la Intervención consideró que las irregularidades se produjeron en la Consejería de Empleo, cuyos extitulares, Antonio Fernández y José Antonio Viera, también están en el banquillo.
«Si quienes pudieron detectarlo consideraron que no existía menoscabo, ¿cómo iban a saberlo las personas que actuaban según estos informes?», recalcó Mohedano. De hecho, dijo incluso que de los números de esa época se desprende la existencia de un superávit o un equilibrio presupuestario.
Mohedano defendió que las acusaciones han querido que el informe adicional de la Intervención sobre 2003 cobrara una importancia que no tuvo. Porque, según dijo, después de ese informe no se volvieron a revisar las ayudas. «A partir de que llegó Griñán en 2004 no se volvieron a examinar por la Intervención los expedientes», dijo.
Igualmente restó importancia a ese informe insistiendo en que «en ningún momento se inicio procedimientos alguno por la Intervención para la actuación del consejero de Hacienda».
También, al igual que Zarrías, cuestionó la prueba de los peritos de la Intervención General del Estado ya que lo considera «un intento de que fuera doctrina e interpretación jurídica» y denunció «un desdén» de las acusaciones a los otros peritos. Y destacó que desde que Griñán llegó a Hacienda hubo una mejora del control financiero. Sobre las transferencias de financiación, destacó la legalidad y recalcó que era un sistema ya instaurado y «un instrumento legal».
El abogado denunció que a lo largo del juicio las acusaciones han sustituido las pruebas de conocimiento por juicios valorativos o los denominados «juicios de inferencia». En este sentido dijo que las expresiones «pudo haber conocido, debía haber conocido o tenía que conocer todavía retumban» en sus oídos.
Ademas tildó de «inadmisible» que se pretenda dar condición de hecho subjetivo a una pura reflexión valorativa y que para condenar a alguien hacen falta pruebas. Según Mohedano «toda la tesis del juicio consiste en que unos señores que eran cargos de la Junta se concertaron para instaurar una figura con la finalidad de evitar la fiscalización previa» y que esa teoría «se ha repetido ochenta veces pero no se ha aportado la más mínima prueba. ¿Donde está la prueba de que se concertaron y de que lo hicieron para evitar la fiscalización?», se preguntó recalcando que «no se puede juzgar por convicciones intimas no probadas».
Sin menoscabo de fondos José María Mohedano recalcó que la Intervención no alertó del menoscabo de fondos públicos