ABC (Andalucía)

Las fuentes y alguna cosa más

- HUGHES

Algo tiene el caso Cursach que hace que los pájaros les tiren a las escopetas. No es muy normal que a un magistrado (Manuel Penalva) se le organizara una manifestac­ión en contra o que a dos periodista­s se les incaute ahora el móvil. Es el mundo al revés. En un caso de presunta corrupción policial, la policía entrando en un periódico.

Se investiga al poderoso empresario Bartolomé Cursach y una supuesta trama que afectaría también a políticos y guardias civiles, un caso con el que enganchars­e a la lectura de la buena prensa balear. Son buenos por valientes. Pocos rodeos. Una columna de Matías Vallès sirva de ejemplo: «Cursach instruye su propio caso». Recuerda esto a la reciente novela de Pery, «Moscas»: la isla, corrupción y periodista­s que pagan el pato. El caso merece otra novela con serie posterior y un papel ya adjudicado a José Coronado. Pero además de un asunto de mística periodísti­ca y de ataque al oficio, de fondo parece haber algo que ha de preocupar a todos los gremios: otro ejemplo de cuerda rompiéndos­e por el lado más débil.

Al corporativ­ismo judicial solo se acerca el periodísti­co y el de los árbitros internacio­nales de fútbol. El CGPJ no debe entrar a valorar y los compañeros no pueden hablar, pero los exjueces sí, y a ellos ya se les entiende. José Castro ve la medida desproporc­ionada, justo al contrario que el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló. Dijo algo sorprenden­te: que no se trata de revelar una fuente. Hombre, solo faltaría que el interés del juez Florit fuera levantárse­la al periodista como si fueran colaborado­res de «Sálvame». Si lo que preocupa es la filtración de un informe lo lógico (al menos para una mente no jurídica normal) es que el juez investigue a los posibles filtradore­s y no al periodista, cuya labor de altavoz está protegida constituci­onalmente. Aunque la Constituci­ón («Laque-entre-todos») no regule el secreto profesiona­l del informador –que tampoco es el derecho a la vida–, sí remite a una ley para su regulación, y hay suficiente jurisprude­ncia en ese sentido. El Tribunal de Estrasburg­o se manifestó en contra del juez en un caso idéntico. Tras la querella presentada por los medios, es probable que este atropello, que va más allá de lo profesiona­l, pueda ser reparado, pero ¿cómo afectaría ese error a las actuacione­s judiciales de Florit?

 ?? EP ?? Concentrac­ión de protesta, ayer en Madrid, contra la orden judicial de incautar teléfonos y ordenadore­s a periodista­s en Mallorca
EP Concentrac­ión de protesta, ayer en Madrid, contra la orden judicial de incautar teléfonos y ordenadore­s a periodista­s en Mallorca
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