El Gobierno acelera hoy la aprobación sin consenso de la reforma educativa
El Gobierno ha puesto el acelerador a la aprobación de la reforma del sistema educativo y la derogación de la Lomce y hoy tiene previsto analizar su contenido en una primera lectura, a la que seguirá una segunda con la aprobación del anteproyecto. Así lo anunció ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras conseguir la aprobación del polémico proyecto de ley, que cede a las autonomías la organización de las horas lectivas del profesorado.
Sin consenso, sin haber negociado su contenido con los grupos políticos y el sector educativo, el Gobierno socialista pone en marcha su reforma educativa. Nada queda del Pacto por la Educación que reivindicó al Ejecutivo del Partido Popular y ahora, en una política de hechos consumados, aprobará en los próximos días un proyecto de ley, que tiene previsto enviar en enero al Congreso para su debate.
La ministra intentó ayer enmascarar un consenso que no ha existido afirmando que el documento se encuentra en «tiempo de consultas». Ello supone, según Celaá, que está pendiente de «recibir las enmiendas» de órganos consultivos como el Consejo Escolar del Estado, que ha pedido aplazar hasta enero su Pleno, o la Conferencia Sectorial que reúne a los consejeros de las comunidades autónomas.
Incumplir plazo
Sin embargo, el sector mostró su indignación porque el Gobierno no respetó el plazo de enmiendas que ellos mismos habían fijado. El 26 de octubre colgó en su página web un documento de tres folios con las líneas generales de su oferta. El plazo para presentar alegaciones y propuestas era de diez días. Sin embargo, antes de finalizar, hizo público otro documento de 18 folios, sin esperar a recibir las aportaciones.
La reforma educativa que el Ministerio de Educación negoció exclusivamente con Podemos, plantea cuestiones tan polémicas como la eliminación del criterio de «demanda social» para abrir más aulas de educación concertada, la cesión a las comunidades autónomas de la gestión de las lenguas cooficiales en los centros escolares o el ataque a la religión. Una asignatura que será de oferta obligatoria y de elección voluntaria, sin efecto académico.
El Partido Popular ya ha anunciado una enmienda a la totalidad con texto alternativo.