La Generalitat filtra a los colegios el móvil de una defensora del castellano
∑ La presidenta de la AEB denunciará a Educación ante la Agencia de Proteccción de Datos
Josep Bargallo (izq.), junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el inicio del curso escolar Nuevo frente abierto en la guerra que mantienen desde hace años los defensores del bilingüismo y la Generalitat. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, anuncia a ABC que su asociación denunciará ante la Agencia Catalana de Protección de Datos (APD) a la consejería de Educación, que dirige Josep Bargalló, por «filtrar a los centros educativos sus datos personales, vulnerando abiertamente la Ley de Protección de Datos».
El miércoles, la entidad envió un comunicado al departamento expresando su queja y exigiéndole que remita de forma «inmimente» a los centros una orden para que «destruyan» esa información y «no hagan uso» de ella». La consejería, por su parte, alega que se enviaron sus datos a los centros «porque es como si ella les hubiera solicitado directamente la información. Por eso tienen su petición». Las citadas fuentes de Educación arguyen también que los directores de centros «como servidores públicos que son» «tienen la obligación de hacer un tratamiento de los datos adecuado».
La consejería envió hace unos días un comunicado a los 2.325 centros educativos catalanes (de Infantil, Primaria y Secundaria) en el que insta a los responsables de los mismos a que envíen antes del 15 de enero sus proyectos lingüísticos a una dirección de correo electrónico habilitada por la presidenta de la AEB. La responsable de esta entidad, que defiende los derechos de los alumnos castellanohablantes en Cataluña, reclamó a la Administración el 1 de agosto de 2018 esa información alegando que «es pública y debe poder acceder a ella el ciudadano». En ello coincide la Generalitat.
Un mes después, el departamento respondió que los proyectos ya estaban colgados en la página web de las escuelas e institutos, pero la AEB comprobó que «no era cierto». Por eso, en octubre reclamó a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), órgano independiente elegido por el Parlament, el acceso a los documentos. El 21 de noviembre el GAIP instó al departamento a que ordenara a los centros que enviaran sus planes de usos de lenguas a la persona solicitante. El departamento no recurrió pero pidió que se alargara el plazo de entrega, que era de 15 días hábiles tras la comunicación, y se le concedió.
Junto a la nota enviada a los centros, la Generalitat adjuntó también los documentos vinculados a la petición de Losada y su solicitud de acceso a todos los proyectos en la que, tal como ha podido comprobar este diario, constan todos sus datos personales (dirección, DNI, teléfono móvil...).
Por este motivo, la AEB emprenderá acciones legales contra el departamento por «vulnerar la Ley de Protección de Datos». «Ahora, todos conocen mi móvil y saben hasta dónde vivo. Ya he recibido varias llamadas no deseadas», apunta la afectada.