Archivadas las denuncias de las temporeras de la fresa marroquíes
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha archivado la denuncia presentada por cuatro temporeras marroquíes contra un empresario agrícola de Almonte (Huelva) por un presunto delito de acoso sexual. El titular de dicho juzgado, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha dictado un auto, fechado el 10 de diciembre, en el que comunica la adopción de esta decisión al entender que «no hay indicios delictivos».
La causa se incoó en junio pasado y el empresario compareció como investigado el 14 de junio por un presunto delito de acoso sexual. El auto, que es recurrible, responde, según ha adelantado el diario Huelva Información, a la petición de sobreseimiento planteada por el penalista Francisco Baena Bocanegra, que representa al empresario investigado, quien alegó precisamente que la denuncia de las trabajadoras marroquíes no había quedado acreditada y se trataba de una «maniobra» para evitar su expulsión de España una vez finalizados los contratos de trabajo.
No era esta la única causa abierta por presuntos abusos sexuales a temporeras marroquíes que trabajan en las explotaciones freseras, ya que aún se desconoce la decisión judicial con respecto a la denuncia que afecta a un encargado de una explotación agraria en Moguer (Huelva).
Contra el SAT
En ese caso, que instruye el Juzgado de Moguer, también fueron cuatro las mujeres denunciantes y el denunciado llegó a ser detenido por la Policía Nacional, quedando, tras su puesta a disposición judicial, en libertad con cargos. Cabe recordar que diez jornaleras marroquíes, entre las que se encontraban las de los presuntos abusos denunciaron al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas mediáticamente para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero que recibieron de una compatriota. La denuncia fue presentada ante la Guardia Civil el 29 de septiembre por dos abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que las representaban. En ella destacaban la «cosificación» que se ha hecho de las temporeras y argumentaron que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de las mujeres.