LA BARCELONA INSEGURA DE ADA COLAU
LA inseguridad en Barcelona no sólo es un problema que está condicionando la vida en la ciudad, sino también el concreto resultado de unas determinadas políticas de gestión pública de los intereses ciudadanos. Cuando una gran capital elige como alcaldesa a una populista de extrema izquierda, la seguridad ciudadana se resiente de sus prejuicios ideológicos. La Policía es vista como una manifestación de autoritarismo conservador y los infractores de la ley reciben el trato de víctimas de una sociedad capitalista. El optimismo «naif» de estos populistas no es más que una máscara para dar rienda suelta a su agenda intervencionista y sectaria. El turista es un intruso y los hoteles dañan la ciudad, mientras los manteros y los carteristas –y ahora los menores extranjeros no acompañados– expresan las injusticias del sistema.
El resultado es que a Barcelona se le conoce más ahora por sus niveles de delincuencia que por sus innumerables atractivos de todo tipo. La que debería ser una ciudad emblemática del desarrollo social y cultura de la España del siglo XXI, circula en incontables vídeos por las redes sociales como escenario de hurtos en el metro, peleas en las calles y agentes de policía inermes
ante manteros que, entre amenazas e insultos, recuperan sus mercancías ilegales para luego volver tranquilamente por sus pasos. Esto no es fruto de coincidencias inevitables, sino el balance del gobierno de una gran ciudad dominada por una ideología incompatible con la modernidad y el progreso. Cuando se deslegitiman las instituciones, se ataca la propiedad privada, se cuestiona el valor de la legalidad, se desampara a la Policía y se defiende al infractor, gana el delincuente y pierde el ciudadano. Es una ecuación que no admite excepciones.
Las comparaciones pueden ser odiosas, pero a veces son imprescindibles. El nuevo equipo municipal de Madrid, con su alcalde Martínez-Almeida a la cabeza, ha revertido en las primeras semanas de mandato algunas de las peores decisiones de Manuela Carmena y ya se persigue el comercio ilegal en las calles y se han desplegado unidades de Policía Municipal en los barrios más necesitados de seguridad. Tan sencillo como esto.
Barcelona ha sido maltratada por los experimentos «progres» de su alcaldesa, aunque ahora parezca que quiere corregir la situación, forzada por su pacto con el socialismo catalán. Sin embargo, es mucho el terreno perdido para el civismo y la legalidad. La solución no es que los ciudadanos se organicen en patrullas para denunciar los hurtos en el metro –generalizados y descarados–, sino que los recurso del Estado de Derecho se apliquen para garantizar la seguridad de las calles y la justicia a los delincuentes. Todo lo demás es ese «paraíso» tan prometido por los comunistas y tan inviable en sociedades libres y modernas.