Montero usa la asfixia autonómica para forzar la investidura
∑ La ministra vivió en su etapa como consejera de Hacienda dos prórrogas de cuentas
Ha cambiado el color del gobierno y el brío de la situación económica, pero la estrategia permanece intacta. Si en 2016 era Cristóbal Montoro quien mostraba al PSOE el caramelo de los fondos autonómicos y apelaba a la necesidad de aprobar los Presupuestos, el techo de gasto y la senda de déficit para convencerles de su abstención en la investidura de Mariano Rajoy, hoy es María Jesús Montero quien interpreta este papel. En esta ocasión la ministra de Hacienda en funciones no alude a las cuentas nacionales, sino a los anticipos a cuenta del sistema de financiación –que las comunidades se quedaron sin cobrar por el fracaso de los Presupuestos de 2019–, que suman en torno a 4.500 millones de euros y a los que hay que añadir otros 2.500 millones por la liquidación del IVA. Un total de 7.000 millones bloqueados que han provocado fuertes quejas en las regiones y que, según distintas fuentes, prometen ir a más.
«Las acciones tienen consecuencias: sin cuentas no se pueden actualizar las entregas a cuenta ni la liquidación del IVA», afirmó ayer Montero en una entrevista en la Cadena Ser, aunque negó que estuviera usando este bloqueo como medida de presión para desbloquear la investidura y responsabilizó de la situación actual a los partidos que tumbaron el proyecto de cuentas para 2019. «Esto es consecuencia del voto del PP y los independentistas. No se puede soplar y sorber», aseveró la ministra.
Bloqueo estratégico
Entre la oposición, sin embargo, ven más razones estratégicas que legales en el bloqueo y señalan que el Ejecutivo podría aprobar un real decreto ley y convalidarlo treinta días después en el Congreso de los Diputados, donde recibiría, a buen seguro, el apoyo mayoritario de Cámara. Además, consideran que la urgencia necesaria para utilizar esta vía está ampliamente justificada. Lo cierto es que entre las comunidades comienza a aumentar la impaciencia ante la posibilidad de que el cobro de estos fondos se retrase aún más de lo esperado inicialmente. Y es que todas ellas han diseñado sus presupuestos contando con estos ingresos, por lo que el retraso les ha dejado atados de pies y manos en cuestiones sobre todo sociales y está generando en algunos casos problemas de tesorería. Además, si finalmente no entraran en vigor este año, el ingreso podría retrasarse hasta el año 2021, ya que el sistema de financiación reparte los ingresos previstos y liquida a dos años vista.
Se da la circunstancia, además, de que la sensibilidad de Montero con esta situación es notoria, ya que en su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía la vivió en sus propias carnes en dos prórrogas con Montoro: las de los años 2017 y 2018.
De hecho, Montero ha enfatizado que una vez desbloqueada la investidura el problema estará resuelto rápidamente. Según ha explicado, la primera medida que tomará el Gobierno será aprobar un real decreto ley para actualizar estas entregas a cuenta aún sin tener aprobados los Presupuestos, algo que, según su versión, no podía hacer hasta ahora.
«Que se quiten las trabas»
Según explicó en la Cadena Ser, el Ejecutivo consultó a la Abogacía del Estado para poder hacerlo en funciones pero se consideró que era algo que no pertenecía «al ámbito ordinario» que establece la ley para un Gobierno en esta situación. «El problema radica en que el Gobierno está en funciones. Técnicamente estamos limitados. Que se quiten las trabas para que el Gobierno pueda funcionar», zanjó ayer la ministra.
Precisamente ayer se publicó un informe de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaborado por el economista Ángel de la Fuente en el que se destaca la situación «incierta» que viven actualmente las autonomías con respecto a su financiación y en el que constata que en 2017 su volumen total aumentó en un 3,8% con respecto a 2016. El análisis refleja las variaciones «apreciables» registradas aquel año en cuanto a las posiciones relativas de las distintas comunidades. Las ganancias más importantes se registraron en Baleares, Madrid y Canarias, seguidas de Cataluña y Valencia, frente al retroceso del resto: Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura.