Torra, incapaz de coordinar la «reacción» a la sentencia del TS
∑ El independentismo espera que la calle lidere la respuesta a la sentencia del 1-O
Adrián del Besós) y en Can Tunis, al listado de muertes aparentemente violentas que acumula la Ciudad Condal.
En La Mina, un barrio que históricamente fue problemático y en el que ahora se están acomodando los propietarios de narcopisos que se han echado del centro de Barcelona –lo que ha llevado a los Mossos d’Esquadra a desplegar un operativo especial allí–, un hombre de 30 años falleció por las heridas de arma blanca durante el transcurso de una pelea. La trifulca, que tuvo lugar en la calle Venus, dejó a tres personas heridas, uno de ellos de gravedad. Él era un hombre de nacionalidad georgiana, que acabó muriendo horas después en un hospital. El caso se está investigando.
La policía catalana también está analizando las causas del fallecimiento de una mujer de 46 años y de nacionalidad sueca, cuyo cadáver fue localizado ayer a primera hora del día en plena calle y con parte de su cuerpo debajo de un remolque que estaba aparcado en una zona poco transitada de la zona de Can Tunis. Los Mossos mantienen abiertas todas las hipótesis, si bien la principal es que se trataría de un homicidio. La autopsia deberá confirmarlo. La sucesión de citas electorales ha dejado profundas grietas en el movimiento independentista. También en el seno del gobierno de Quim Torra. En este contexto marcado por las hostilidades entre supuestos aliados trabaja el presidente catalán intentando articular la respuesta del secesionismo a la sentencia del juicio al «procés» que el Tribunal Supremo dictará en los próximos meses.
Por el momento los puntos de encuentro entre partidos y entidades son escasos más allá de la conciencia de que la calle deberá llevar la voz cantante cuando se conozcan las eventuales condenas a los organizadores del referéndum ilegal del 1-O. Estructurar esta «reacción» conjunta y hacer que cuadre con las dispares estrategias de los distintos partidos y entidades es la misión que el jefe del ejecutivo autonómico lleva semanas desempeñando. A todo ello, hay que añadir la imprevisible respuesta de los autodenominados Comités de Defensa de la República, que ultiman su reactivación. Las entidades también exhiben sus contradicciones, con Òmnium Cultural defendiendo la distensión y el diálogo con el Estado mientras la Assemblea Nacional Catalana (ANC), alineada con Puigdemont, defiende la confrontación.
Por el momento, los frutos de las reuniones que el presidente autonómico está celebrando en el Palau de la Generalitat son un misterio. Unos y otros inciden en el papel de la ciudadanía, ello, a pesar de que las últimas manifestaciones convocadas por el soberanismo se han saldado con escaso éxito de movilización. Este hecho que genera incertidumbre en entidades como la ANC, organizadora de las mayores demostraciones de fuerza del secesionismo en las calles y que tiene todas sus esperanzas depositadas en la próxima «Diada» que tendrá lugar el 11 de septiembre en Barcelona.
Ayer la CUP trató de levantar los ánimos asegurando que las discusiones para diseñar una reacción conjunta a la sentencia del Alto Tribunal van en buen camino. Así, el líder de los anticapitalistas en el Parlament, Carles Riera, apostó por una movilización social basada en la «desobediencia civil no violenta». «En estos momentos la clave es intensificar y agudizar el conflicto y la confrontación con el Estado», resaltó Riera en declaraciones a la Agencia EFE. Por otra parte, el diputado antisistema pidió a las instituciones una respuesta también contundente, pero sin concretar en qué debería consistir. Mientras tanto, el circulo más cercano a Puigdemont se entretiene compartiendo imágenes de las movilizaciones en Hong Kong mientras expresan su admiración por la persistencia de los ciudadanos de la antigua colonia británica.
Fórmulas cambiantes
A lo largo de los últimos meses han sido varias las fórmulas barajadas para que el Govern encabece la réplica secesionista a la sentencia del Supremo contra Oriol Junqueras, los «Jordis» y los demás exconsejeros y dirigentes independentistas procesados. Inicialmente se consideró hacer caer el ejecutivo y convocar elecciones, opción que ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas. Incluso se ha llegado a discutir la celebración de otro referéndum unilateral así como otras fórmulas semejantes a las que, en 2017, acabaron con la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
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