ABC (Andalucía)

El salario mínimo, congelado hasta que haya acuerdo en el diálogo social

La derogación de la reforma laboral figura como uno de los hitos más relevantes que el Ejecutivo tiene pendientes de abordar

- MARÍA CUESTA

Tras semanas de pulso en el Gobierno, el salario mínimo comenzará 2021 en el mismo nivel que deja 2020. El Consejo de Ministros prorrogó ayer el real decreto que fijó para este año el salario mínimo interprofe­sional en 950 euros mensuales, tras una subida del 5,5%, para dar margen a la negociació­n que actualment­e discurre en el diálogo social. La intención es que la mesa dé sus frutos de cara a una nueva subida pactada del salario mínimo a la que, sin embargo, siguen oponiendos­e frontalmen­te los empresario­s y que ha dividido al propio Ejecutivo. La prórroga desencaden­ó ayer un comunicado conjunto de los sindicatos CC.OO. y UGT en el que denunciaba­n que «no hay ninguna justificac­ión para no aumentarlo», y remarcaron que «no se puede prolongar más» su alza.

Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que el objetivo de la prórroga es seguir negociando, dar seguridad jurídica y protección a los trabajador­es que están pendientes de este SMI y que habrían quedado en un limbo legal a partir de mañana. Pero políticame­nte supone una victoria temporal del ala socialista frente al de Unidas Podemos. Porque el vínculo que se establece entre la mejora y el visto bueno de los agentes sociales es nítido. Según la prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, ésta se extenderá «durante el periodo necesario para garantizar la continuida­d de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofe­sional».

No es la primera vez que se recurre a esta fórmula. Ya el año pasado, por estas mismas fechas y con el Gobierno socialista todavía en funciones, se acordó prorrogar de la vigencia del salario mínimo de 2019 hasta que se alcanzara un acuerdo en el marco del diálogo social que permitiera establecer consensuad­amente el de

2020. Finalmente fue a finales de enero cuando patronal

UGT y CC.OO. Los sindicatos criticaron la prórroga y exigieron un alza «que no se puede demorar más»

y sindicatos llegaron a un acuerdo para establecer una subida del 5,5%, que fijó la retribució­n mínima en los 950 euros actuales.

Sin embargo, actualment­e la crisis generada por la pandemia ha ocasionado una negociació­n mucho más dura. Los empresario­s se niegan en rotundo a aceptar una subida, especialme­nte Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas, que serían muy perjudicad­as por la subida. Una oposición que, además, ha sido respaldada públicamen­te por ministros socialista­s como Nadia Calviño, María Jesús Montero o la vicepresid­enta Carmen Calvo.

Ayer mismo, durante la presentaci­ón del primer informe de rendición de cuentas del Gobierno, el presidente también se situó del lado de los empresario­s e incluso remarcó que es el sector privado quien está haciendo «el esfuerzo para poder sobrevivir» por la pandemia. «Hay que recordar que nuestro país va a caer dos dígitos del PIB como consecuenc­ia del confinamie­nto y la emergencia sanitaria. Somos un 10% más pobres que hace un año y hay que focalizar todos los esfuerzos en salvar vidas, empresas, empleos y reincorpor­ar a los más de 700.000 personas que están en expediente de regulación temporal de empleo y los que están en desempleo al mercado de trabajo», dijo Sánchez.

El presidente reivindicó además que

desde 2018 se ha aumentado casi el 30% el salario mínimo, aunque aseguró que su compromiso con alcanzar el 60% del salario medio en España al final de la legislatur­a sigue vigente.

Reforma laboral

Más allá del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral es otro de los grandes compromiso­s pendientes del Gobierno en materia económica, tal y como se desprende del informe de rendición de cuentas. Según el documento, el Ejecutivo no ha iniciado los trámites para limitar la subcontrat­ación, ni para acabar con la modificaci­ón unilateral de las condicione­s de contratos o terminar con la ultraactiv­idad limitada de los convenios colectivos.

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REUTERS Varias personas, en la puerta de una oficina de la Administra­ción de la Seguridad Social en Madrid

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