Cataluña cerró el año político marcado por Torra y el «diálogo»
La comunidad vuelve a las urnas en febrero, sin que un solo líder de 2017 repita candidatura
El curso político catalán finalizó con el año natural que acabó ayer. A 45 días de una nueva cita electoral autonómica (la quinta en dos lustros), el quehacer de lo público durante 2020, en Cataluña, tenía un nombre propio▶ Quim Torra; y un concepto «atascado»▶ mesa de diálogo. Hasta el miércoles, cuando todo (pandemia y su gestión incluidas) saltó por los aires en un día que, está por ver en qué grado, todo indica que tendrá efectos electorales. Salvador Illa sustituía a Miquel Iceta en el PSC y Lorena Roldán «fichaba» por el PP de Alejandro Fernández. Será el 14 de febrero cuando se conocerán los efectos del «terremoto» de la víspera de la festividad de San Silvestre. De entrada, el año «mata» al último superviviente de los cabezas de lista de las elecciones de 2017. La política catalana, una auténtica trituradora.
El año político catalán circunscrito en 2020 fue el del fin de la legislatura tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de España. Tras las elecciones de 2017, el independentismo (JpC, ERC y la CUP) volvió a controlar la Cámara legislativa autonómica con holgura. Se preveían cuatro años de un gobierno que pretendía, más propagandísticamente que por convicción, restaurar... lo que los propios independentistas se encargaron de «perder»▶ la autonomía constitucional de la comunidad. Pero no pudo ser.
Ingobernabilidad con ERC
En enero, Torra, escogido en 2018 presidente de la Generalitat por Carles Puigdemont (al que la Justicia, y ERC, impidieron ser investido desde Bélgica), dio por finiquitada la legislatura. Anunció (pero no disolvió el Parlamento catalán) que tras la aprobación de las cuentas autonómicas, los catalanes acudirían a las urnas. Esta vez, el «problema» no era el «Estado español», sino la imposibilidad que JpC y ERC mostraban, fehacientemente, para gestionar un ejecutivo.
Los presupuestos se aprobaron a finales de abril, tras mantener las instituciones autonómicas con las cifras monetarias de 2017 y, por lo tanto, prórrogas presupuestarias desde entonces. Aun así, llegaron tarde. El mismo día de su aprobación en el Parlamento catalán, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès (ERC), reconoció que habría que modificarlos debido a la pandemia. Fue la pandemia, además, lo que evitó que Torra cumpliera con lo anunciado en enero, fijara una fecha electoral y se «repartieran las cartas».
Antes, a finales de febrero, se reunieron los dos gobiernos. El de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, y el autonómico, con Torra. En Madrid. Solo días después de un encuentro entre los dos presidentes en Barcelona. De la reunión por todo lo alto del 26 de febrero en La Moncloa poco queda ya. No parecía, entonces, que las partes (al menos, las partes al completo) tuvieran mucho interés en ella. De nuevo, la pandemia del Covid-19 sirvió de pretexto para no cumplir, ni tan siquiera, con el compromiso de reunirse «mensualmente».
Con todo, en 2020 Torra dejó de ser el presidente autonómico catalán. Cumplió tarde una obligación de la Junta Electoral Central (al no retirar a tiempo premeditadamente una pancarta partidista del balcón de la Generalitat),
que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, primero, y el Tribunal Supremo, después, en septiembre, ratificaron. Inhabilitación para cargo público. El 28 de septiembre dejaba el Palacio de la Generalitat.
Los vestigios del «procés» continuaron, en octubre, en la Audiencia Nacional, que liberó de toda culpa a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, y en diciembre, con la decisión del Supremo de retirar el tercer grado y el 100.2 a los presos sediciosos. El año 2021 no podrá ser igual.