La política catalana regresa a los tribunales en 2021
Las consecuencias del 1-O, claves de un 2021 donde también se juzgará a los Pujol
El año político ha acabado en Cataluña con la sorpresa por la designación de Salvador Illa como candidato del PSC y, ya en clave casi cómica, con la emisión vía redes sociales de una suerte de discurso de fin de año del expresidente de la Generalitat Quim Torra. La inhabilitación del que fuera sustituto de Carles Puigdemont fue de largo una de las noticias de los últimos doce meses en Cataluña, comunidad ya acostumbrada a que la crónica política se entremezcle con la judicial. A diferencia de otras, no tanto por asuntos relativos a la corrupción, que también, como por todos los acontecimientos generados bajo el impulso del «procés» y los hechos de lo que se ha conocido como el «otoño negro» catalán de 2017. Si el pasado año política y tribunales fueron de la mano, en 2021 sucederá otro tanto, con la posibilidad del indulto a los presos del 1-0 como asunto nuclear.
Si 2020 acabó con un hilarante mensaje a los catalanes de su expresidente destituido, quien aspira a ser su relevo, la candidata de Junts, Laura Borràs, afronta también un incierto periplo judicial que amenaza su hasta ahora fulgurante carrera política.
Borràs está imputada por el Tribunal Supremo, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por, supuestamente, trocear contratos públicos y adjudicárselos a un amigo. Su elección como diputada en el Parlament hará que el caso sea visto en el TSJC y Borràs ya presume entre sus votantes de ser víctima de una «persecución política» y de los «informes inventados» por la Guardia Civil.
De manera más inminente, quien fuera mentor político de la candidata de Junts, el fugado a Bélgica Carles Puigdemont, comparecerá el próximo día 14 ante la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. El Europarlamento debe decidir sobre la retirada de su inmunidad tras la petición de suplicatorio por parte del Tribunal Supremo para lograr su entrega a España. Puigdemont, junto a los también fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, ya logró retrasar un mes la citada comparecencia, consciente, igual que sucede con Borràs, de que el proceso en Europa puede ser también una plataforma electoral ante los comicios del 14-F.
Tanto a nivel europeo como nacional, las derivadas judiciales de todo lo sucedido en Cataluña en otoño de 2017 siguen trazándose. Así, en las próximas semanas el Tribunal Constitucional tiene previsto empezar a resolver los recursos de amparo presentados por los condenados en la sentencia del 1-0 -los de los exconsejero Carles Mundó y Meritxell Borràs serán los primeros, informa Efe-, con lo que se despejará el camino hacia la justicia europea, el ámbito donde el independentismo recuerda que se ventilará, y ganará, realmente su pulso contra el Estado.
Las derivadas del 1-O
Las consecuencias judiciales del procés acechan asimismo a dirigentes de ERC▶ la Fiscalía ultima una investigación por desobediencia que podría desembocar en breve en una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la aprobación de resoluciones a favor de la autodeterminación. Del mismo modo, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó aguardan juicio tras ser procesados por su papel clave en la organización del 1-O.
De hecho, tres años después del referéndum ilegal, las responsabilidades por el diseño y la logística del 1-O siguen dirimiéndose en los tribunales, con una treintena de cargos del Govern de Puigdemont ya procesados –entre ellos directivos de medios públicos catalanes y técnicos de la Generalitat, la llamada «infantería del procés»– y una quincena de alcaldes ante la justicia, incluido el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, juzgado en diciembre y que ya espera sentencia. También están a un paso del banquillo los cinco miembros de la efímera Sindicatura Electoral del 1-O mientras que encara su recta final la investigación contra cerca de 60 policías nacionales por las cargas para impedir el referéndum en Barcelona.
Por otra parte, las movilizaciones contra la sentencia del procés, que se saldaron con días de disturbios sin apenas precedentes en Cataluña, llevarán a juicio a numerosos manifestantes independentistas, a los que el Departamento de Interior ha prometido no acusar de atentado a la autoridad ni desórdenes, en un anuncio que sigue sin ponerse en práctica pero que ya ha indignado a los sindicatos policiales.
Si las consecuencias del «procés» marcarán en 2021 judicial, este año aguarda otra cita clave, cuando se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional todos los miembros del clan Pujol, acusados de conformar una «organización criminal» a la que durante años empresarios habrían hecho pagos millonarios para congraciarse con ella y favorecerse de su influencia política en adjudicaciones públicas y recalificaciones urbanísticas. Cinco años después de iniciar las investigaciones solo se está pendiente de resolver los recursos de las defensas y que se fije fecha para el juicio.
Puigdemont
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