Los nuevos pagos digitales ponen en riesgo más de 20.000 millones en ventas
∑Ante la falta de preparación técnica, los bancos no requerirán la doble autenticación para compras inferiores a 250 euros durante enero y febrero
Con el 2021 llegan novedades importantes para las compras a través de las plataformas de internet. Desde este 1 de enero ya está en vigor de forma completa la transposición de la directiva europea PSD2 que obliga a comercios, bancos, pasarelas de pago y consumidores a una doble autenticación para aumentar la seguridad y prevenir el fraude en las compras por internet. Con la nueva norma, los usuarios deben cumplir con dos de tres pasos de verificación de su identidad para demostrar que uno es realmente quien dice ser y también que la tarjeta bancaria es de la propiedad del comprador. Pese al plazo de 16 meses otorgado para realizar pruebas, el 20% de los comercios españoles llegan sin haber adaptado sus sistemas y, por tanto, se avecinan problemas en un periodo crítico por las compras navideñas, las rebajas y además, en pleno «boom» de las operaciones digitales.
En esta línea, de un estudio de la consultora CMSPI se desprende que los comercios españoles podrían perder 20.200 millones de euros en sus ventas online este ejercicio con el previsible bloqueo de casi dos tercios de las compras online en España y con un fracaso estimado del 59% de las transacciones por errores informáticos o por un incremento de la tasa de abandono de los carritos de compra ante las dificultades del proceso. «Los minoristas españoles están trabajando lo más rápido posible para implementar estas nuevas e importantes medidas de seguridad, pero la pandemia ha desviado muchos recursos y solo algunos emisores de tarjetas españoles están listos para llevarlo a cabo», señala el jefe de Aprobaciones y Fraude de CMSPI, Toby McFarlane, en el mencionado informe. Sin embargo, el escenario podría ser menos catastrófico ya que, ante esta falta de preparación, los bancos con sede en nuestro país no requerirán durante enero y febrero esa doble autenticación por debajo de determinados importes, en concreto, en las adquisiciones inferiores a 250 euros, según confirman fuentes del sector a ABC. Si se dan casos de fraude durante estos dos meses, el comercio correrá con toda la responsabilidad y deberá responder.
Las tiendas no son las únicas culpables de esta falta de planificación para cumplir con la normativa europea, el resto de actores necesarios para que las transacciones digitales sean un éxito tampoco han hecho los deberes. «El conjunto de la cadena de pago a día de hoy no está preparada y todos los agentes tienen que estarlo para que el comercio, que es el último que se engancha, no tenga problemas», argumenta el director de Expansión de Aecoc, Carlos Torme. La falta de recorrido previo se debe a que apenas se han realizado pruebas reales en los últimos meses. «La normativa entró en vigor en septiembre de 2019, pero el Banco de España y el resto de bancos centrales europeos concedieron un periodo de flexibilidad supervisora que finalizó el 31 de diciembre de 2020. Durante estos 16 meses todos los agentes de la cadena tendrían que haber elaborado procesos y hecho pruebas, pero con la pandemia todo se ha ralentizado mucho y la hoja de ruta se fue demorando en el tiempo», explica Torme.
Falta de información
Esta falta de previsión puede conllevar consecuencias fatales para el comercio por la pérdida millonaria de los ingresos que provienen de la facturación online. Un escenario que agravaría la situación de un sector ya muy tocado por el confinamiento, los cierres, la escasez de turistas y las restricciones que sufrieron el año pasado. Las consecuencias directas vendrán de la mano tanto de los fallos técnicos y de los procesos incompletos a la hora de intentar pagar como de que se podrían disparar las tasas
de abandono de las cestas de la compra por parte de los clientes.
Desde la asociación Adicae alertan de que los agentes que están detrás de la pantalla –los consumidores– también están poco formados en el asunto y describen como «grave y generalizada» la falta de información de los ciudadanos sobre los nuevos protocolos de seguridad en los pagos por internet. De una encuesta realizada por Adicae se extrae que un 66,64% de los usuarios desconocen estos cambios y que un 73,70% afirman no haber recibido ninguna información de su banco sobre la doble autentificación. «El desconocimiento y la escasez de pruebas técnicas podrían resultar en un considerable impacto negativo para los consumidores durante las campaña de Navidad y rebajas en un año de necesario distanciamiento social y en el que las compras online se han disparado un 62%», informan desde Adicae. A esto se une que no todos los usuarios de banca disponen de herramientas adaptadas a esta revolución en los pagos▶ solo el 30% de las tarjetas que circulan en España tienen capacidad para estar adaptadas a la directiva europea. Además, las entidades financieras tampoco están preparadas al cien por cien. «Para que la compra y el pago salgan bien, toda la cadena tiene que funcionar perfectamente. Esta directiva añade seguridad, pero también mayor complejidad», puntualiza Torme.
Por ello, tanto desde Aecoc como Adicae pidieron en diciembre otra prórroga para que comercios y ciudadanos se adaptaran poco a poco a los cambios. «Adicae ha rechazado con anterioridad una demora injustificada en la aplicación de estas medidas pero ha señalado la posibilidad de trasladar la aplicación de las nuevas medidas al 1 de febrero de 2021 ante el retraso apreciado en las implementaciones técnicas necesarias y para evitar la coincidencia de una nueva operativa con uno de los periodos de mayor volumen de compras», indican desde la asociación de defensa de usuarios de banca. Pese a ello, la Autoridad Bancaria Europea ya dejó claro que no contempla más retrasos en la aplicación.
Por ello, desde Aecoc aconsejan a los consumidores que estén atentos a las instrucciones del banco, que se preparen cuanto antes facilitando el móvil a la entidad y descargando la aplicación y, sobre todo, que aclaren con todos los agentes sobre quién recaerá la responsabilidad si se da un caso de fraude.