Los puntos negros de la gestión de los fondos europeos
Patronal y expertos alertan de que se ha dejado de lado a las empresas y piden más colaboración con las autonomías
El Gobierno fía buena parte de su estrategia de recuperación a un agente externo del que se lleva hablando desde antes de verano de 2020▶ los fondos europeos. El Ejecutivo confía en que los 140.000 millones que, en teoría, llegarán a España supondrán una inyección extra suficiente para hacerse fuertes en la recuperación. Tal es así que La Moncloa estima un impacto de 2,6 puntos sobre el PIB ya en 2021. Una cifra muy optimista que ya ha sido rebatida por el Banco de España, que duda incluso de que ese dato pueda alcanzarse a tres años vista. En todo caso, el presidente Pedro Sánchez es consciente de que el simple compromiso de que los fondos aterrizarán no es garantía de nada; la burocracia es un palo en las ruedas más que la propia crisis. Y ante ello se ha sacado adelante un decreto –publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a 31 de diciembre– para agilizar la tramitación administrativa en pos de que pueda ejecutarse la mayor parte del gasto previsto. Sin embargo, la «evidencia histórica», como dice el Banco de España, advierte de que en la recepción de fondos de índole similar en el pasado el volumen de ejecución ha estado en el 30%. Las intenciones son claras, pero la norma aterriza no con pocos puntos negros. protagonismo de las empresas, a fin de que puedan contar con un papel proactivo en la propuesta de ideas y proyectos de inversión», dicen fuentes de la patronal. En concreto, apuntan a que deberían «facilitar que las empresas pudieran presentar propuestas de contratos, con un derecho de asignación de puntos porcentuales adicionales en el proceso de licitación»; también inciden en que en aquellos convenios en los que participen más de una Administración se pueda atribuir el ejercicio de las competencias a una de ellas o de manera compartida; asimismo, la patronal ahonda en que, en cuanto a los consorcios, debería permitirse que el personal lo aporte el sector privado, para «solucionar los problemas de personal que en muchos casos aquejan a los consorcios, sin cargas adicionales sobre los presupuestos públicos».
Carlos Ruiz, director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), coincide con el diagnóstico de CEOE y denuncia la «falta de protagonismo del sector privado» en la gestión, que siempre redunda en mejoras en «la eficiencia de la gestión».
El decreto crea los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte); en suma, macroproyectos que cumplan distintas condiciones necesarias. Iniciativas «de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española», para lo cual se crea un registro público para aquellas empresas que estén interesadas en esta nueva figura.
En este caso será el Consejo de Ministros el que decida qué proyectos tendrán esta consideración. Sin embargo, las nuevas figuras de colaboración público-privada quedan reducidas a esta. La CEOE, en este sentido, exige también otras figuras de nueva creación, con implicación del sector privado, como reclaman también los expertos.
Los Perte tienen vocación de permanencia más allá de la ejecución de los fondos europeos, pero no todos los aspectos de decreto se circunscriben a ir más allá de cuando termine este periodo de llegada del dinero comunitario. En cuanto al recorte en plazos y exigencias burocráticas de ciertas figuras como contratos o subvenciones, estos solo abarcan al periodo actual y no se extenderán a futuro. Por ejemplo, algunas necesidades de autorización en Consejo de Ministros o el requisito de la autorización para contratar. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, pone el foco sobre la necesidad de ampliar estas facilidades más allá de la llegada de los fondos UE.