El hermano de Ximo Puig, multado por amañar precios en un concurso público
El cártel tenía información previa de las licitaciones▶ Competencia pide que le prohíban contratar
La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana ha sancionado a la empresa de Francis Puig, hermano del presidente autonómico Ximo Puig, y otras tres productoras por haber constituido un cártel para repartirse contratos públicos del ente valenciano de radiotelevisión pactando los precios de las ofertas. La trama, según refleja el expediente, al que ha tenido acceso ABC, contaba con información de las licitaciones públicas de la cadena pública À Punt antes de que estas salieran a concurso.
El organismo dependiente de la Consejería de Economía de la Generalitat ha impuesto una sanción –ya firme– de 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, productora liderada por Francis Puig, por una «infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia».
Además, la Comisión de Defensa de la Competencia ha decidido remitir la resolución a la Junta de Contratación del Estado para que decida si les prohíbe contratar con las Administraciones Públicas. El organismo autonómico de Competencia se ha mostrado partidaria de que así sea, puesto que «una conducta de concertación en licitaciones como la que describen en los hechos acreditados de esta resolución no cumple con el nivel de exigencia requerida para contratar con la Administración».
Las otras empresas implicadas son Canal Maestrat y Kriol Produccions S.L., de los hermanos Adell Bover, sancionadas con 26.103,50 euros de forma solidaria, y Visualiza S.L.U., que tendrá que abonar 3.337,80 euros.
Chats telefónicos
En la investigación se intervinieron mensajes en chats telefónicos que evidenciaban cómo los responsables de las productoras, entre ellos el hermano de Ximo Puig, meses antes de que se publicaran los concursos en la plataforma de contratación del Estado, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, ya sabían de su existencia.
Una inspección en la sede de las productoras Canal y Kriol levantó acta de los chats. En uno de ellos, datado el 10 de septiembre de 2018, uno de los responsables de estas empresas se conchaba con Francis Puig, hasta el punto que «se indica que va a haber un reparto y una coordinación con, al menos, Comunicacions»▶ «De momento se tiene que hacer la licitación... Tengo que coordinar en qué propuesta haremos», dice uno de los integrantes de la trama.
Información privilegiada
En otros mensajes que se intercambiaron los integrantes de la trama, el 4 de enero de 2019, uno de los dueños de las productoras preguntaba si tenían posibilidades, a lo que el otro respondía «sí, sí», pese a que la licitación no se publicaría hasta seis días después de esta conversación. También se alertaban entre sí sobre el resto de empresas que iban a concurrir a los mismos lotes.
A partir de ahí, una vez que se publicaba el concurso, estructuradas en modo de cártel, pactaban los precios que ofrecerían para repartirse los contratos▶ «De estas ofertas se observa que las cuatro empresas incoadas utilizaron cuatro tipos o modelos de ofertas, con precios idénticos en los cuatro conceptos, que se repiten de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron; y que la utilización coordinada de estos cuatro tipos o modelos de oferta responde a un sistema de reparto».
La resolución del expediente sancionador explica que «a mayor abundamiento, las cuatro empresas incoadas son las únicas, de entre las licitadoras que licitan a varios lotes (doce empresas en total presentaron ofertas a más de un lote), que ofrecen precios distintos a los diferentes lotes a los que concurren. El resto de empre
sas que presentan ofertas a más de un lote presentan el mismo precio en todos los lotes a los que concurren y para todos los conceptos».
La empresa participada por el hermano del presidente valenciano y sus socios del cártel, Canal Maestrat, Kriol Produccions y Visualiza «rotan en las posiciones», con lo que se demuestra que actuaban de forma coordinada. Habían pactado previamente qué precio por jornada o media jornada de periodistas y operadores de cámara ofertarían al canal público en las distintas comarcas que habían salido a concurso.
Sospechas del ente
Fue el propio ente autonómico quien sospechó de las ofertas presentadas. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), editora del canal À Punt, detectó «conductas que podrían ser contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia en el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG».
La empresa de Francis Puig, al saberse sorprendida en plena licitación, se retiró voluntariamente del concurso, mientras que las productoras de los hermanos Adell Bover fueron finalmente excluidas por À Punt, según avanzó el diario «Las Provincias».
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