Tres jueces y un caso maldito
Alaya fue apartada de la instrucción por la Justicia y Núñez Bolaños renunció tras sus encontronazos con los fiscales
un procedimiento abreviado. Dieciséis de las piezas fueron enviados a la Audiencia de Sevilla, a la espera de que se ponga fecha a la vista oral. Sólo dos de ellas han sido juzgadas▶ las de la empresa Acyco y el procedimiento específico, por la que fueron condenados los políticos.
A partir del descubrimiento casual de que un exdirigente socialista de Jaén figuraba en un ERE subvencionado en la lonja Mercasevilla donde jamás había puesto un pie, Alaya destapó una pirámide de corrupción institucional vinculada a las ayudas del Gobierno andaluz a empresas en crisis. Casi 680 millones de euros se habían repartido por la Junta eludiendo los controles administrativos porque el mecanismo creado bajo la premisa de agilizar los pagos, impedía a los interventores fiscalizar el destino del dinero. Casi 680 millones se evaporaron de las arcas públicas sin más criterio ni regla que la voluntad arbitraria de los altos cargos que manejaban la partida y de quienes se lo consintieron durante nueve años.
La juez que abrió la macrocausa de los ERE fraudulentos y la magistrada que la heredó y despiezó ya no están al frente del sumario que puso patas arriba la antigua gestión socialista en la Junta de Andalucía. La primera fue apartada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La segunda decidió, por voluntad propia, deshacerse de un caso que a punto estuvo de explotarle en las manos.
El máximo órgano de los jueces abrió una investigación a la titular de Instrucción número 6 de Sevilla a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que la acusaba de incurrir en «retrasos injustificados», exclusiones masivas de ex altos cargos y «desatención» de los casos ERE, Avales e IDEA. Pero el CGPJ archivó las diligencias porque no apreció falta disciplinaria en las demoras,
Mercedes Alaya que atribuyó a la complejidad de la instrucción y al aluvión de recursos presentados por distintas partes. Núñez se reincorporó al juzgado tras once meses de baja, pero ya nada volvió a ser igual. Acordó con su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, cederle las macrocausas de los ERE, Formación, Faffe e IDEA, bajo el argumento de «evitar dilaciones», según recogió el plan de tareas aprobado por el TSJA. De la mano de Vilaplana, el caso ERE ha alcanzado velocidad de crucero.
Mercedes Alaya, en cambio, dejó el caso ERE en contra de su voluntad. Salió a concurso una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla que solicitó y ganó confiada en mantenerse al frente de la instrucción con una comisión de servicios. Pero terminaron apartándola después de que cuestionara, en un escrito dirigido al CGPJ, la capacidad e independencia de su sustituta al mencionar la «estrecha amistad» que mantenía con el consejero de Justicia, Emilio Llera. Alaya
aspira ahora a ser magistrada de la Audiencia Nacional como broche a su carrera. Luis García Navarro, letrado de la acusación popular del PP-A, destaca su «intensa labor instructora» y su instinto, compartido con los fiscales, para apreciar la huida del derecho administrativo en un mecanismo de ayudas.
En la génesis del caso, sólo Alaya y «unos pocos incansables» a los que se refirió en un auto creían que el fraude obedecía a un plan político. La Junta repartía dinero público para apagar conflictos y comprar la paz social, para asegurarse los votos allí donde el cierre de industrias empujaba al paro a miles de trabajadores y ponía en peligro la hegemonía del PSOE. La tesis de esos «pocos incansables» —Alaya, la UCO, los fiscales y los letrados del PP— se impuso, en el relato de hechos de la sentencia, a la teoría exculpatoria de la antigua Junta de que «cuatro golfos» manejaron sin rendir cuentas a nadie casi 680 millones de fondos públicos.
Muy buena
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