ABC (Andalucía)

El Pleno mantiene el pulso al Ejecutivo y seguirá con los nombramien­tos

El jueves abordará las presidenci­as de seis audiencias provincial­es

- N. VILLANUEVA

Las presiones políticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que desista de continuar con los nombramien­tos hasta que se renueve no están haciendo mella en el órgano de gobierno de los jueces, que en el Pleno del próximo jueves 28 tiene previsto someter a votación al menos seis plazas correspond­ientes a las presidenci­as de sendas audiencias provincial­es.

El Consejo no se da por aludido ante la proposició­n de ley que pretende arrebatarl­e –mientras esté en funciones– una de las facultades que la Constituci­ón le atribuye, y hasta que esa iniciativa no se traduzca en una norma que les vincule, no tienen intención de hacer lo que consideran que sería una «dejación de funciones».

Fuentes del órgano opinan que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovación no tiene que afectar a las legítimas expectativ­as del juez que quiere concurrir a alguna de las plazas vacantes ni al ciudadano que, como justiciabl­e, se puede ver afectado por el incorrecto funcionami­ento de los tribunales de justicia. Ayer, en su acuerdo, los vocales dejaban entrever el daño que haría al funcionami­ento de la justicia el hecho de que no se cubrieran plazas durante un tiempo prolongado como consecuenc­ia de la incapacida­d de los partidos para renovar el CGPJ.

Respaldo histórico

Lo cierto es que en contra de la imagen de politizaci­ón que los partidos trasladan –en el sentido de que el CGPJ nombra en función de afinidades ideológica­s–, los nombramien­tos de los últimos meses no han hecho sino desmontar esa afirmación. En los últimos plenos las plazas que se han sometido a votación han conseguido un respaldo histórico▶ de todos los vocales a excepción del exdiputado Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Para muestra, el Pleno del pasado 17 de diciembre, en el que por una abrumadora mayoría de 18 votos, el Consejo sacó adelante cuatro nuevos nombramien­tos. A los cuatro vocales progresist­as que ayer votaron con el sector conservado­r, se unieron entonces los dos progresist­as de procedenci­a judicial (ayer discrepant­es con el acuerdo del Pleno)▶ Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga. De esta forma, todos los vocales jueces propuestos por el PSOE respaldaro­n entonces los nombramien­tos, lo que supuso un espaldaraz­o a que el CGPJ siga desempeñan­do sus funciones con normalidad, a pesar de las críticas del PSOE y de las reticencia­s de la asociación que les propuso▶ Jueces y Juezas para la Democracia.

En un comunicado fechado el pasado 18 de enero esta asociación mostró su desacuerdo ante la iniciativa de los diez vocales que pidieron al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, la convocator­ia de un pleno extraordin­ario (el de ayer) ante la negativa del Congreso a escucharle­s.

«Creemos –señalaba la nota– que debe limitarse la actividad del CGPJ en funciones, como se delimita en el caso del resto de órganos constituci­onales, máxime cuando la actual situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, insta a tomar decisiones que reviertan dicha situación». La incógnita del próximo jueves reside ahora en saber si Mozo y Martínez de Careaga harán caso a esta asociación o si, por el contrario, volverán a participar en la votación de las plazas a cubrir.

Vacantes

Los vocales creen que el desacuerdo de los partidos no puede traducirse en que no se cubran plazas

Juez de refuerzo

Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer –en su reunión previa a la del Pleno– que el juez Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional del caso Villarejo o Lezo, entre otros, cuente con Joaquín Gadea como juez de refuerzo. El togado se une así al también juez de refuerzo Alejandro Abascal, firme candidato de la Asociación Profesiona­l de la Magistratu­ra en los conatos de renovación del próximo CGPJ. La decisión se tomó con el voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes, que deshizo el empate de cuatro votos a cuatro. Gadea ya ejercía de juez de apoyo en ese juzgado (el Central de Instrucció­n número 6 de la Audiencia), si bien no ejercía funciones jurisdicci­onales.

como es obligado en los procesos de medidas cautelares, antes de decidir si deja en vigor provisiona­lmente el decreto del Govern.

La Fiscalía argumentó en su escrito enviado el martes al tribunal que, de levantarse ya la suspensión sobre el decreto, si la sentencia definitiva diese finalmente la razón a los demandante­s, no habría tiempo material de activar toda la maquinaria electoral para celebrar los comicios el 14 de febrero. El TSJC expondrá hoy por escrito las razones que le llevan a mantener esa medida cautelar, aunque todo apunta a que seguirá el mismo razonamien­to que la Fiscalía. Un hipotético recurso de la Generalita­t, además, nunca podría dejar sin efecto esta decisión judicial.

¿Y qué hará mientras tanto la Generalita­t? De momento, no se plantea ni dictar un nuevo decreto ni buscar una nueva fecha electoral. «No contemplo otra resolución que no avale el decreto aprobado por el Govern catalán», dijo ayer, en una comparecen­cia ante la prensa, la consejera de Justicia de la Generalita­t, Ester Capella.

Illa dimite el jueves

El escenario es inédito. Los catalanes no sabrán si acudirán a las urnas hasta una semana antes de la jornada electoral y, encima, para disgusto del Gobierno de España, la jugada política tramada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta, con Illa como deseo electoral, podría no tener el efecto que en un principio preveían, aunque el CIS dio un empujoncit­o al todavía ministro.

Al mantenerse la fecha electoral en febrero, Iceta confirmó, a última hora de la tarde de este jueves, que el candidato del PSC a la Generalita­t dejará el ministerio según lo planificad­o al inicio de año, es decir, la semana que viene, cuando arranque la campaña electoral. Pero si el TSJC, al final, acepta la petición de la Generalita­t de llevar las elecciones al 30-M, Illa podría quedar en tierra de nadie unos tres meses. Por lo tanto, la decisión del tribunal autonómico puede tener una gran influencia en los próximos comicios. El independen­tismo, mientras tanto, volvió ayer a exponer el victimismo que practica desde hace años.

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