Una funcionaria de Presidencia para controlar a Sánchez desde Transparencia
Decidirá quién lleva la razón en cada disputa▶ si el ciudadano o la Administración
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez, ya ha encontrado relevo para Esperanza Zambrano, la jefa del departamento de Resoluciones del organismo a la que destituyó unas pocas semanas después de ser confirmado en el cargo por el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno.
Se trata, como ya figura en la web de la institución, de Carmen Montero García-Noblejas, una funcionaria que hasta el momento ocupaba la vicesecretaría general técnica del Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su puesto estaba incrustado, concretamente, en el organigrama de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, encabezada por Carmen Calvo.
La vacante que cubre esta funcionaria es especialmente relevante para el Consejo de Transparencia. A partir de ahora, Montero dirigirá el equipo encargado de decidir sobre las reclamaciones que los ciudadanos realizan solicitando el amparo de este organismo después de que la Administración les haya negado un dato solicitado a través del Portal de Transparencia. En su mano estará decidir quién lleva razón, si el Gobierno o el ciudadano, en los procedimientos de este tipo que lleguen a partir de ahora al Consejo de Transparencia.
Hasta la llegada de Rodríguez al CTBG, el departamento de reclamaciones ha examinado numerosísimos expedientes. Con Zambrano y Javier Amorós –el otro funcionario que iba a ser destituido– al frente del organismo de manera interina, a la institución no le ha temblado el pulso a la hora de contravenir el criterio del Ejecutivo en aquellos casos en los que ha negado una información a la ciudadanía sin motivo.
Los viajes de Pedro Sánchez en el
Falcon y el uso que dio a otros medios de transporte oficiales, las vacaciones del presidente del Gobierno y sus acompañantes en Las Marismillas, los contratos sanitarios de la pandemia o el comité de expertos de la desescalada son algunos ejemplos de esos expedientes en los que el Consejo obligó a la Administración a facilitar la información.