Cifuentes achaca a la Universidad la «mala praxis» en su máster

Niega haber ordenado fabricar el acta que le envió el rectorado de la Rey Juan Carlos

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes descargó ayer en la Universidad Rey Juan Carlos «cualquier mala praxis» que se haya podido producir en torno al máster que cursó en 2011 y 2012, incluido el acta falsa por la que Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión.

El documento, que da fe de que un tribunal había evaluado su trabajo de fin de master (TFM) el 2 de julio de 2012, fue elaborado por la profesora Cecilia Rosado, según ella misma declaró el lunes, por orden del ya fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde; bajo presión de la entonces asesora del Gobierno regional Maite Feito y falsificando firmas de dos docentes.

«Si hubiera siquiera imaginado que había una firma falsificada no se me pasa por la cabeza exhibirlo ni mandarlo a periodistas. Actué de buena fe dando por bueno un documento que me había remitido la Secretaría del rector y que yo no había pedido», declaró.

Cuando en marzo de 2018 eldiario.es destapó irregularidades en el máster, Cifuentes pidió a su gabinete «que por favor hablaran con quien fuera en la universidad para que remitieran la documentación acreditativa de que había realizado el máster, específicamente el título, la matrícula y las cartas de pago y una certificación académica personal con las notas obtenidas por cada asignatura». Lo que recibió de vuelta fue ese material sin sello –reclamaría después en persona y por escrito copias compulsadas– y además, el acta. No sospechó de su veracidad porque ella «había presentado» el TFM, el mismo que da por perdido «en mudanzas», y vio normal que un tribunal lo evaluase sin ella delante.

«Yo no defendí el TFM»

«Yo no defendí el TFM. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. Me sorprendió porque fue un acto muy informal», declaró. Lo llevó «encuadernado» aquel 2 de julio y lo entregó en un despacho con «tres o cuatro personas», dando «por hecho» que eran profesores pero sin saber si eran un tribunal. No les conocía, pues nunca fue a clase y sólo se relacionaba con Álvarez Conde, por teléfono y enviándole los trabajos en papel.

Acusada por inducir la falsificación, Cifuentes negó haber «dicho o pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento» y destacó que «no lo necesitaba» porque ya «tenía el título» del máster. Lo recogió en 2017, acompañada de la asesora Maite Feito, a quien Fiscalía sitúa como eslabón entre Cifuentes y el centro en las presiones. Las dos lo niegan, frente al testimonio de la autora del acta falsa.

Tras Cifuentes, testificaron Alicia López de los Mozos y Clara Souto, las profesoras cuyas firmas estampó Rosado en el acta falsa. Ambas dijeron que le enseñaron la grafía siguiendo indicaciones de Álvarez Conde y sin saber para qué se iban a utilizar. Souto añadió que el catedrático refirió «presiones políticas» sin concretar.

Ya por la tarde, llegó el turno del rector, Javier Ramos, quien añadió que Feito, el día del escándalo, «aportó información» y le pareció que «intentaba colaborar». Apuntó, no obstante, que recibió «retiradas llamadas» del Consejero de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken «requiriendo ese acta» que Álvarez Conde le había dicho que existía y estaba en su poder. Se la pidió y la reenvió a la Consejería.

Sobre el máster, explicó que descubrió después que en julio de 2012 Cifuentes entregó el TFM sin haber aprobado. Sus notas se cambiaron en 2014 por una funcionaria sin competencias a instancias de un profesor. En esas fechas, la expresidenta había pedido el título porque en 2012 le dijeron que estaba todo bien.