EL CUPONAZO
«Todo el mundo critica hoy esta «asimetría» vasco-navarra, pero nadie o casi nadie ha recordado que a esta anomalía financiera se añade otra. ¿Cuál? Pues las pensiones, que son deficitarias en el conjunto de España y aún más en el norte. Esos déficits se cubren con los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Todos? Pues no. Los que residen en territorios forales no pagan ni un solo euro para cubrir el déficit que las pensiones generan allí»
EL abogado y analista José María Ruiz Soroa nos ha recordado no hace mucho a José Ortega y Gasset, que escribió en 1921 lo siguiente▶ «Oír a vascos y catalanes sostener que son pueblos oprimidos cuando su situación era y es privilegiada, parece grotesco».
Y Ortega añadió▶ «Pero a quien le interese no tanto juzgar a las gentes como entenderlas, le importa más notar que ese sentimiento es sincero, por muy injustificado que se repute».
Y Ruiz Soroa concluye▶ «Pues, por lo que a Vasconia se refiere, así seguimos un siglo después▶ los expertos hacendistas que echan cuentas dirán lo que quieran, pero la gente cree de verdad que paga demasiado por estar en España».
El sistema del cupo no es un invento de la Constitución de 1978 (Disposición adicional 2ª), sino que viene de lejos y consiste –permítaseme la síntesis– en que ellos cobran todos los impuestos y pagan al Estado lo que éste gasta en el País Vasco mediante un cupo. Pero la trampa está en que el cupo no lo calcula una comisión de expertos hacendistas, sino que es el fruto de una negociación entre el Estado y la Comunidad vasca, lo cual ha llevado a que, teniendo competencias más o menos homogéneas y con un esfuerzo fiscal semejante, el sistema foral le suministra a la Administración vasca una sobrefinanciación de los servicios públicos (esencialmente sanidad, enseñanza, ayudas sociales e infraestructuras) que no cesa de crecer cada año y que está por encima del 200 por ciento sobre la media per cápita de las otras comunidades autónomas.
Todo ello lleva a que –tal como escribe Ruiz Soroa– la Comunidad autónoma vasca no participa como contribuyente en el esfuerzo nacional de redistribución interterritorial, cosa que sí hacen otras comunidades de renta similar, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que aporta un porcentaje significativo de sus recursos fiscales a los fondos nacionales. De esta forma, el País Vasco se ahorra el equivalente al 5% de su PIB. Ahorro que no hace sino crecer desde hace años.
¿Cómo es posible semejante abuso? Pues porque los sucesivos gobiernos han considerado que era un asunto menor y que era bueno «pactar», «negociar». Y negociar significa que se tengan
Las enmiendas presentadas por el PP y Ciudadanos contra la pretensión del Gobierno de imponer una nueva mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, y de vetar que pueda hacer nombramientos mientras su mandato siga en prórroga, están llenas de sentido común. Que sean los jueces y magistrados quienes tengan la libertad de elegir a sus representantes en su propio órgano de gobierno responde a una vieja aspiración de las asociaciones judiciales, e incluso de jueces no asociados. Por un lado, su representatividad se reforzaría, lo cual redundaría en beneficio de la estructura y funcionamiento de la carrera; y por otro, se vería reducido el espectro de influencia e imposición de los partidos políticos a la hora de configurar las mayorías. Así fue a principios de los años ochenta, cuando nació este órgano, y así debería ser en el futuro si ello contribuyera a acabar con el actual descrédito de la institución. Otra cosa es que la partitocracia, y en especial la izquierda, lo permitan.