El Congreso apuntala la ofensiva que pretende maniatar a los jueces
∑Luz verde a la tramitación de la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos y rechaza que los togados elijan a sus doce vocales
Sin sorpresas, el rodillo parlamentario del PSOE y de Unidas Podemos continuó su avance ayer. Los dos partidos del Gobierno consiguieron superar las cuatro enmiendas a la totalidad planteadas contra su proposición de ley para maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ya están un paso más cerca de aprobar su reforma exprés.
Los dos partidos que conforman el Gobierno pretenden impedir que el órgano de gobierno de los jueces realice nombramientos cuando esté en funciones, como es el caso. Una treta con la que buscan estrechar el cerco sobre el PP y aumentar la presión para que acceda, por fin, a renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. El problema, como ha advertido la oposición por activa y por pasiva, es que con la modificación impulsada por PSOE y Unidas Podemos cabe la posibilidad de que el bloqueo se prolongue y haya puestos clave en la Justicia sin ocupar.
«¿Pretenden que muera el Poder Judicial de inanición? ¿Pretenden que no haya magistrados suficientes en el Supremo para que cuando venga Carles Puigdemont no podamos juzgarle?», se preguntaba el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, durante el debate de las enmiendas a la totalidad.
Cs fue uno de los partidos que presentó enmienda a la totalidad, junto a PP, Vox y Junts per Catalunya (JpC). Todos ellos, aunque con distintos matices, abogaban con sustituir la proposición de ley de las fuerzas cogobernantes por un cambio en el sistema de elección de doce de los veinte vocales del CGPJ. PP, Vox y Cs, también con diferencias, proponían una vuelta a los orígenes, con una elección directa por parte de los jueces; mientras que Junts reclamaba terminar con la mayoría cualificada de tres quintos, pero no como PSOE y Unidas Podemos en su anterior proposición de ley, de momento en el cajón, con la que querían que una mayoría absoluta –la mitad más uno– pudiese renovar el Consejo.
La idea de Junts era implementar un sistema similar al de la elección de la Mesa del Congreso. Así, cada diputado escogería a cuatro jueces y los doce con más votos en total serían los seleccionados. Su intención solo recabó el respaldo del BNG. No corrieron mejor suerte PP, Vox y Cs, que vieron cómo la mayoría de los Presupuestos cerraba filas con el Gobierno.
«Injustificable bloqueo»
El debate supuso la puesta en escena de las posturas ya conocidas. El PP, Vox y Cs pidieron que los jueces elijan a los vocales del CGPJ, mientras que PSOE y Unidas Podemos ampararon su propuesta en el «injustificable bloqueo» que sufre el órgano de gobierno de los jueces. No respondieron a las críticas por la celeridad en la reforma, a las peticiones del CGPJ de ser escuchado –ninguneadas ya en la Mesa, con mayoría de PSOE y Podemos– ni a los avisos de la Unión Europea.
Al PSOE y a Podemos les salen los números para apuntalar su controvertida modificación y con eso les basta. El diputado de Junts y abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, defendió la enmienda de su partido resignado a no convencer a nadie, eso dijo, porque las votaciones telemáticas –consecuencia de la pandemia del coronavirus– se produjeron antes del debate. A Bal le dijo con sorna que no se preocupase, que Puigdemont no vendrá a España.
Pero la atención del debate, paréntesis de Junts aparte, se centró sobre el enfrentamiento derecha-izquierda entre una vuelta al espíritu inicial de la elección del CGPJ y un avance unilateral en una reforma que plantea dudas por la «injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial», según la oposición.
Fue Bal, abogado del Estado, el pri
mero en defender la posición de su partido. El diputado de Cs acusó al Gobierno de actuar con «premeditación y alevosía» con una reforma que es «un insulto y una auténtica provocación». No falto de ironía, en clara crítica a la tramitación de urgencia, Bal afirmó estar harto de que los camareros, en los bares, le pregunten cómo va «eso del CGPJ». De la pandemia no le hablan, «¿qué pandemia?». PSOE y Podemos solo habilitaron el mes de enero para continuar con la tramitación de esta proposición de ley, con la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen y con los nombramientos en RTVE. Para el coronavirus y para debatir sobre el precio de la luz, como exigió la oposición, la Cámara Baja ha permanecido cerrada durante este mes.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se mostró más comedido de lo que acostumbra y claro en su exposición, pero aun así tuvo recados para todos. No solo para el Gobierno. También para Junts, por su «parida» de que seis vocales sean hombres y seis mujeres –«¿Por qué no seis homosexuales y seis hetero?»– ; para Cs, por su «veleta», que según él le haría «comprar» la paridad «a la ultraizquierda» –Cs lo desmintió–; y para el PP, «el partido del maquillaje», al que acusó de no tener «credibilidad» por haber pactado
Urgencia
El trámite acelerado hace que los partidos solo tengan ocho días para enmiendas
parciales
el reparto de los jueces «35 años».
Por parte del PP, Carlos Rojas primero se defendió de la pulla de Vox acusándole de «propulsar al PSOE» salvando su decreto sobre los fondos europeos [ver página 18], y después defendió que los vocales del CGPJ, además de ser elegidos por jueces, no puedan tener vínculos pasados ni presentes con ningún partido. Lo que volvió a reiterar es que su partido no se dejará arredrar y no accederá a negociar la renovación del órgano con Pablo Iglesias, quien llama «exiliado» a un prófugo de la Justicia –a Puigdemont–. Además, recordó que PSOE y Podemos impideron en la Mesa la solicitud de informes sobre la reforma al CGPJ y a la Comisión de Venecia.
Jaume Asens, de Unidas Podemos, tachó de «ilegítimos» los nombramientos del CGPJ y acusó al PP de «atrincherarse» en el Poder Judicial hasta que la derecha gane unas elecciones. En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda, cargó contra «derecha y ultraderecha», cuyo único objetivo, denunció, «es erosionar al Gobierno». Solo Mikel Legarda (PNV) se desmarcó de ambos bloques rechazando las enmiendas pero censurando «reformas exprés sin reflexión ni informes». Ahora los grupos tienen ocho días para presentar enmiendas parciales.