El Covid dispara los recursos para evitar ir a las mesas el 14-F
Las juntas electorales reclaman la ayuda de médicos para resolver todas las alegaciones
Suele ser motivo más de resignación que de alegría ser designado para una mesa electoral. La pandemia, y el miedo al contagio, no han hecho más que aumentar el recelo a permanecer doce horas en un lugar cerrado, en contacto con cientos de electores que entrarán y saldrán de los colegios en su cita con las urnas. Los recursos para esquivar las temidas mesas ya han desbordado a las juntas electorales.
Las alegaciones de cara a las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero se han multiplicado. La Junta Electoral de Barcelona tenía ya sobre la mesa a fecha 29 de enero un total de 3.250 recursos, según datos recopilados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Una cifra que todavía podría llegar a doblarse, según explicó ayer en Catalunya Ràdio Santiago García, juez que integra la Junta Electoral de Barcelona. En otros comicios lo habitual era que el número de recursos rondara los 200, por lo que de cara al 14F las alegaciones se han multiplicado ya por 17. Esta tónica se mantiene en otras juntas electorales de zona.
El aumento de recursos responde, obviamente, a la pandemia. Si antes predominaban las alegaciones por motivos laborales, ahora se imponen las sanitarias. Por eso desde la Junta
Electoral de Barcelona reclaman poder contar con el apoyo de médicos para resolver una por una las solicitudes relacionadas con el Covid.
«Pánico» al contagio
Delito electoral
La Fiscalía archiva el 70% de las denuncias por no ir a las mesas;
el resto suelen acabar en multa
Los motivos alegados son variados, pero con el denominador común del miedo al contagio. Cristian, un barcelonés de 37 años llamado como suplente a una mesa del distrito de Sarrià, tiene un bebé de tres meses y «pánico» de que pueda tocarle quedarse en la mesa si el titular no se presenta. En una charla con ABC se mostró indignado por el riesgo que cree que correría todo el día en el colegio, y lamenta que la primera vez que le llaman coincida con la pandemia. Cristian ha sido uno de los más de mil miembros de mesas que en una carta, aun sin respuesta, pidieron amparo al Síndic de Greuges –defensor del pueblo catalán– al verse «desamparados».
¿Y qué sucede si alguien no se presenta? Podría incurrir en un delito electoral tipificado en el artículo 143 de la Loreg. Sin embargo, la Fiscalía acaba archivando el 70% de las denuncias tras analizar las excusas e impedimentos alegados por los implicados, así como la manera en que se notificó su designación. Y en el caso de llegar a juicio, aunque el delito podría acarrear incluso penas de prisión de tres meses a un año, lo habitual es que el desenlace sea una sentencia de conformidad entre la Fiscalía y el investigado con una pena de multa. El importe depende de la capacidad económica del imputado, pero los antecedentes penales quedan en su historial.