PSOE y Podemos mantienen la mordaza al CGPJ y le acusan de injerir en las Cortes
La Mesa del Congreso tumba la última petición de los jueces para que se les deje opinar de la reforma
La Mesa del Congreso rechazó ayer de plano la reconsideración solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que la Cámara Baja le permita informar sobre la nueva reforma que recortará sus funciones y busque, también, la opinión de la Comisión de Venecia y el resto de actores implicados. La decisión no conllevó sorpresas puesto que, como sucedió en enero, PSOE y Podemos impusieron su mayoría en la Mesa de la Cámara frente a PP y Vox. Pero lo que sí fue chocante es que los dos socios de coalición abrieron fuego públicamente contra los jueces, a los que acusaron de injerir en el Congreso, atacar la separación de poderes y no respetar la democracia. Y todo ello cuando la reforma que pretenden ha sorteado el procedimiento habitual y no respeta la legislación europea.
«Pretenden intervenir en las funciones del poder legislativo», acusó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. «Hemos tenido que vivir un bochorno según el cual los letrados y la Mesa del Congreso han tenido que recordar al CGPJ la separación de poderes, que su tarea es juzgar y la del Congreso hacer las leyes», abundó. «Hago un llamamiento al CGPJ a que respete la democracia y la separación de poderes», remató tras recomendar al órgano de gobierno de los jueces «que lea Montesquieu». Además, apuntó que su grupo no debe renunciar a cambiar el sistema de nombramientos en el máximo órgano de gobierno de los jueces y apostó por volver a lanzar la reforma de las mayorías en unos meses.
«No tienen legitimidad»
El informe de los letrados al que hizo referencia Echenique, y al que ha tenido acceso ABC recoge, efectivamente, que es potestad del Congreso decidir qué informes solicita y qué actuaciones emprende a la hora de legislar. Además, emplea un tono duro al señalar que el CGPJ no es ninguno de los sujetos «legitimados para solicitar la reconsideración» de una decisión de la Mesa, hace hincapié en que la revisión es «decisión potestativa» de este órgano y que la misma se ejerce conforme a la Constitución.
Esta posición es la que dio alas a la izquierda para ir un paso más allá. En línea similar a Echenique, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de Podemos, consideró que «si el legislativo exigiera acciones sobre el judicial, sería considerado una barbaridad y de la misma manera se entiende que no cabe esa pretensión, porque las reformas que se plantean son plenamente constitucionales». «Hay una anomalía en el CGPJ y se ha decidido proteger la autonomía de las cámaras parlamentarias que es un principio básico de la democracia», insistió. Se da la circunstancia de que los informes solicitados por el Congreso no son nunca vinculantes, de manera que la audiencia de los jueces no comprometería jurídicamente la reforma. Si la izquierda quiere evitarla es por su coste político.
Por su parte, la portavoz socialista, Adriana Lastra, también defendió la decisión de la Mesa aferrándose a «que la potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales» y que «en ningún caso» están «obligadas a solicitar informes o comparecencias».
Llamamientos de Europa
Sin embargo, el Poder Judicial no solicitaba intervenir en la redacción de la reforma sino poder informar sobre ella a sus señorías, tal y como recoge el procedimiento previsto para las reformas de leyes orgánicas impulsadas por el Gobierno. Un trámite que PSOE y Podemos eludieron presentando la
Peor democracia Cuca Gamarra denuncia el daño que los socios de coalición están
asestando a la democracia
Siguiente paso Echenique defendió recuperar la reforma de las mayorías en los próximo meses
nueva ley no como iniciativa del Ejecutivo sino de sus grupos en el Congreso. La petición de los jueces se enmarca, además, en la normativa europea. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha lanzado varios llamamientos a España y en concreto a las Cortes para que las reformas judiciales cuenten con los actores implicados y la Comisión de Venecia.
Doble velocidad
Ante todo ello, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, defendió que la responsabilidad de las Cortes es «legislar con calidad y garantías, lo que no supone no legislar sobre otro poder sino hacerlo conforme al marco europeo». «La participación de otros organismos como las asociaciones de jueces y fiscales, de la Comisión de Venecia no es un capricho, no es potestativo sino imperativo porque las leyes europeas así lo establecen y tenemos la obligación de cumplir el marco europeo del que nos hemos dotado», abundó.
Gamarra denunció, además, la doble velocidad que la izquierda impone en el Congreso según su interés partidista, como denunció ayer ABC. En lo que se refiere a la reforma del CGPJ, el texto fue registrado el 2 de diciembre y tan solo 13 días después –con puente en medio– se sometía ya a debate en el Pleno. Frente a ello, los recursos del PP contra la urgencia de la reforma y la falta de informes fueron registrados a finales de diciembre y aún están pendientes de resolución. «Hay dos ritmos, el urgente y el exprés para todo lo que interesa al Gobierno y el lento para todo lo que afecta a la oposición. Es la demostración de cómo se está articulando la política en este país, consiguiendo deteriorar la calidad democrática», denunció.