ABC (Andalucía)

Controvers­ia

- MANUEL ESCRIBANO

Hemos alcanzado tal grado de desvarío con ciertas normas legales que algunos entes, no ya particular­es, sino oficiales, se han visto obligados a crear oficinas de apoyo al ciudadano. Aunque hay más asuntos, en esta ocasión me refiero a la ley sobre los pisos «okupados» y a la protección de la que gozan los que los asaltan. Se ha alcanzado tal grado de indefensió­n a los dueños que el Ayuntamien­to de Zaragoza, en colaboraci­ón con el Colegio de Abogados, ha abierto una oficina para asesorar a los propietari­os afectados.

Es de lo más absurdo que existe▶ aprobar una norma que ataca el derecho de propiedad para después tratar de corregir sus efectos. Con ello se disparan los gastos del erario, aunque como «el dinero público no es de nadie», quizá se haya pensado también que la vivienda conseguida con esfuerzo tampoco es de nadie y la usa el primero que pasa. Y todavía vemos con naturalida­d que se suba un céntimo la gasolina para mejorar la sanidad. «Cosas veredes, amigo Sancho». haciendo propaganda electoral para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Más aún cuando el Tribunal Supremo y la Fiscalía se han opuesto a esas concesione­s por parte de Institucio­nes Penitencia­rias de Cataluña. Eso se entiende en aquella frase de Pedro Sánchez de▶ «Un Gobierno dentro de otro Gobierno», y está claro en este caso cuál es el Gobierno que manda. No obstante, pienso que quien ha concedido la libertad a esos condenados, sin reunir los requisitos exigidos, ha cometido un delito de prevaricac­ión▶ «La autoridad o funcionari­o público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administra­tivo se le castigará con la pena de inhabilita­ción para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años» (Código

Penal, art. 404). También llama la atención que a los representa­ntes de los ciudadanos se les permita tener antecedent­es penales, mientras que para ser policía, como es lógico, deben carecer de ellos. El principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constituci­ón también ha sido vulnerado. Lo que está ocurriendo en España es digno de estudio.

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