El Gobierno no enseña el «informe» de la Johns Hopkins porque «no está archivado»
La Moncloa incumple otra resolución firme del Consejo de Transparencia
Pedro Sánchez sigue resistiéndose a reconocer que usó datos ficticios atribuidos a la prestigiosa Universidad Johns Hopkins para sostener el 28 de abril de 2020, en pleno pico de la pandemia, que España estaba «en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales» de detección del Covid.
Casi nueve meses después de que ABC solicitara a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el informe fantasma de la prestigiosa universidad estadounidense o, en su defecto, los datos utilizados por el presidente en rueda de prensa para sostener tal afirmación, y con una resolución firme del Consejo de Transparencia ya vencida, La Moncloa acaba de pronunciarse. Por lo visto, Presidencia no puede mostrar el informe porque éste «no forma parte de ningún expediente administrativo de la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno».
Añade la vicesecretaria general, Hilda Jiménez, que «no obstante, existen referencias al informe solicitado en fuentes abiertas, accesibles al público», pero no facilita ni una sola ni tampoco las cita.
Este diario consultó con la Universidad Johns Hopkins, que desmintió la existencia de ese listado▶ «Quizás se expresó mal o atribuyó incorrectamente la información», dijeron fuentes oficiales sobre la afirmación del presidente del Gobierno, a quien incluso una periodista de la CNN le dio la misma información en una pregunta en directo. El centro de estudios ubicado en Maryland dijo a este diario por escrito que no existía ese estudio, puesto que únicamente contaban con una iniciativa puesta en marcha por la universidad para el seguimiento de test, pero solo referidos a datos de Estados Unidos, informa Manuel Trillo.
ABC cursó la petición a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en mayo del año pasado por el cauce de Transparencia, pero no hubo respuesta alguna (lo habitual). Tras reclamar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), este organismo estimó parcialmente la petición e instó a Pedro Sánchez a entregar «copia del informe de la Universidad Johns Hopkins» mencionado o «copia de los informes en que se basó el Presidente del Gobierno para realizar tales declaraciones en rueda de prensa». Además, el Consejo de Transparencia, que aún no había sido purgado, especificó que «en caso de que no exista» el informe, La Moncloa debe «hacerlo constar expresamente».
Vencida desde noviembre
Esta resolución fue notificada el pasado 5 de noviembre a la Presidencia del Gobierno, que tenía diez días hábiles para atenderla. Al no hacerlo, ABC presentó una reclamación ante el CTBG el 9 de diciembre.
Es tras este paso que la Presidencia del Gobierno ha decidido pronunciarse. Pese al dictamen del Consejo de Transparencia, una resolución fir
No lo reconoce
El Consejo de Transparencia instó a Pedro Sánchez a «hacer constar» que el informe que citó no existe
me, el Gobierno ha decidido no cumplirla, y así lo ha manifestado por escrito la Presidencia del Gobierno.
Tras comunicar que el informe «no forma parte de ningún expediente administrativo de la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno» (lógico, pues no existe), Hilda Jiménez pretende deslegitimar la petición que realizó ABC hace nueve meses y que fue resuelta por el Consejo de Transparencia hace tres, pese a que en su momento La Moncloa no presentó alegación alguna▶ «En la solicitud se realizan diversos juicios de valor sobre la información solicitada».
Añade Presidencia que «en ocasiones las expresiones utilizadas son de difícil comprensión, como “evidente posible inexistencia”» y, lo más sorprendente, termina rechazando la solicitud porque «estas apreciaciones no se corresponden con el concepto de información pública», pese a que el Consejo de Transparencia, garante del cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya avaló la petición informativa que La Moncloa trata de tumbar fuera de tiempo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dado sobradas muestras de dificultad para explicar su política migratoria con ocasión de los viajes a la Península en vuelos regulares de decenas de inmigrantes detectados el pasado diciembre. Ayer, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ahondó en la confusión al afirmar que 16.500 de las 27.600 personas (un 59%) que han accedido a las islas irregularmente desde la segunda mitad de 2019 «han salido» del archipiélago, cuando el Ministerio de Migraciones ha reconocido oficialmente el traslado de 2.035.
El Ministerio de Interior, por su parte, ha negado en todo momento reubicaciones masivas para evitar «un efecto llamada» y ha reforzado la presencia policial para interceptar a los inmigrantes que pretenden marcharse en avión. «Todos tienen una orden de devolución y se les puede retener en un aeropuerto o en un centro comercial», justificó Pestana. En cuanto a las repatriaciones, añadió, es ahora cuando se «están activando»,
Este diario preguntó ayer a la Delegación del Gobierno dónde han ido a parar esos 16.500 inmigrantes, pero no hubo respuesta. Pestana aportó la cifra para sostener que el archipiélago no es una «cárcel», como tampoco –dijo– un lugar donde la delincuencia haya aumentado por la inmigración irregular. Constan, precisó, 122 infracciones penales cometidas por estas personas en los últimos 80 días y solo 45 tienen «relevancia para la seguridad», la mayoría «agresiones entre ellos, robos y hurtos».