UNA DESTITUCIÓN LÓGICA
El relevo del jefe del Gabinete Jurídico que pidió el archivo del caso de los ERE era un paso ineludible para demostrar que este gobierno va de verdad contra la corrupción
La destitución —revelada ayer por ABC— del hasta ahora jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Jesús Jiménez, supone un paso incómodo pero necesario que el Gobierno de Moreno debía dar para mantener la credibilidad en su lucha contra la corrupción. No se trata de cuestionar la profesionalidad de Jiménez, cuyo prestigio es sobradamente reconocido, pero es evidente que si el Ejecutivo quiere levantar de verdad las alfombras de los 36 años de mandato socialista no puede mantener como estratega jurídico a una persona que fue designada por los propios políticos investigados y que ha defendido el archivo de la causa judicial al no apreciar delito alguno en la gestión de los ERE. Todo lo que no sea colaborar con la Justicia en la investigación del mayor caso de corrupción de la democracia significa complicidad con los delitos cometidos. Desde que comenzó el escándalo hace una década, la Junta no se ha mostrado en ningún momento proactiva en su obligación de aclarar la verdad, primero boicoteando la investigación de Mercedes Alaya, a quien negó documentos, y luego con una pasmosa pasividad en los procesos judiciales. Es una obligación del nuevo Ejecutivo estar a la altura de su apellido —Gobierno del cambio— y demostrar que no se ubica en ningún modo en el lado de los corruptos.