ABC (Andalucía)

Ofensiva del PP contra el castigo a las madres en sus pensiones

Exige a Escrivá que comparezca y reclama que se pueda elegir la opción más beneficios­a

- MARÍA CUESTA

El rediseño del complement­o de maternidad en las pensiones del Gobierno ha generado un auténtico terremoto entre las mujeres trabajador­as y ha puesto en pie de guerra al primer partido de la oposición. El Grupo Parlamenta­rio Popular registró ayer por la tarde la solicitud de comparecen­cia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s, José Luis Escrivá, para que explique «cómo va a afectar el complement­o» y, en paralelo, activó una ofensiva en forma de proposició­n no de ley para que las madres que ahora acceden a la jubilación puedan elegir la opción que les resulte más beneficios­a.

Los populares denuncian que este nuevo instrument­o, como informó ABC, «supone un perjuicio económico para un gran número de jubiladas que ven como su pensión se recorta notablemen­te con la entrada en vigor de esta nueva medida», según figura en la proposició­n no de ley impulsada por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra. Y es que, frente a los «fallos de diseño» a los que aludía Escrivá al referirse al complement­o puesto en marcha por la exministra del PP Fátima Báñez, lo cierto es que el nuevo complement­o perjudica especialme­nte a las mujeres que más han aportado tanto a la demografía de España como a sus arcas públicas.

«Este complement­o fijo de 27 euros mensuales por hijo se da a todas aquellas mujeres que tienen derecho a una pensión contributi­va, sin valorar los años trabajados, los años cotizados o la cuantía de esta cotización. Así, por ejemplo, una mujer que con gran esfuerzo ha compatibil­izado una larga carrera profesiona­l, con el cuidado de sus tres hijos y le correspond­e una pensión de 2.000 euros al mes, con la entrada en vigor del nuevo complement­o cobraría 2.081 euros al mes, frente a los

2.200 euros que le correspond­erían si se le aplica el complement­o aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2016», denuncia el documento que también firman, junto a Gamarra, los diputados José Ignacio Echániz y Tomás Cabezón.

«El nuevo complement­o de pensiones contributi­vas para la reducción de la brecha de género choca claramente contra el principio de contributi­vidad. El principio de contributi­vidad significa que cada uno va a recibir en el futuro

José Luis Escrivá y Cuca Gamarra una pensión de acuerdo con sus contribuci­ones al sistema. Así, quien más años y en mayor cuantía cotice al sistema, recibirá pensiones más altas. No es justo por tanto, que las mujeres que más han contribuid­o laboralmen­te y demográfic­amente al país, sean castigadas, no es justo penalizar el esfuerzo», remarcan.

La propuesta de los populares pasa por dejar abiertas las dos vías para las nuevas pensionist­as, que podrían acogerse así a la opción que les resulte más beneficios­a. Esto es, el nuevo plus para la reducción de la brecha de género que supone un incremento anual de 378 euros en la pensión por cada niño hasta un máximo de cuatro, o el complement­o de maternidad en vigor desde el 2 de enero de 2016 que supone el incremento del 5% de la pensión para las mujeres que han tenido dos hijos, del 10% para quienes han tenido tres hijos o un 15% para la madres que han tenido cuatro o más hijos.

«Derecho de opción»

El objetivo es que ningún progenitor pueda salir perjudicad­o por el cambio y que se establezca «el derecho de opción». Los populares reconocen, de hecho, que al ampliar el criterio de acceso a las madres o padres con un solo hijo, «habrá aproximada­mente 30.000 beneficiar­ios más. Es decir, 30.000 nuevas jubiladas verán cómo su pensión se incrementa en 27 euros mensuales». La penalizaci­ón para el resto, sin embargo, fue reconocida por el propio Escrivá, que trató de justificar­la por ser, dijo, un instrument­o «más redistribu­tivo» que iba a beneficiar a más personas y con pensiones más bajas. Por ello, la portavoz popular reclamó la presencia de Escrivá en el Pleno para que «aclare» a quién y en qué forma afectará esta medida que iba a luchar contra la brecha de género en las pensiones, que actualment­e supera el 30%.

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