El grupo indio financiado con los ERE recibió otros 3,1 millones antes de irse
∑Nilefós, creada en las Islas Vírgenes, obtuvo del Gobierno de Chaves otro incentivo a fondo perdido antes de que sus directivos se esfumaran
El paso por Huelva del empresario indio Nitin Jayant Madhvani, buscado por la Justicia, apenas duró dos años. Pero le bastó para dejar tras de sí una fábrica abandonada, a sus trabajadores indignados y a las autoridades de la Junta de Andalucía ojipláticas tras financiarlo con toda clase de ayudas. La subvención de 5,3 millones (de los que le pagó 1,3 millones) con cargo al fondo irregular de los ERE no fue la única ayuda que recibió antes de desaparecer sin ejecutar el plan de inversiones prometido en la antigua factoría de Rhodia en el Polo Químico de la capital onubense.
A finales de 2008, tan sólo siete meses antes de que la fábrica dejara de funcionar por falta de liquidez, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, dirigida por Francisco Vallejo, le concedió otro incentivo de 3.129.000 euros a fondo perdido «para la innovación y reestructuración de la planta», que producía un compuesto utilizado en los detergentes. El 24 de noviembre de 2008, el consejo rector de la agencia autonómica IDEA aprobó otorgarla ayuda a Nilefós Química S.A., la empresa propiedad de Madhvani que había adquirido en febrero de 2007 la factoría. Dicho acuerdo fue ratificado el 9 de diciembre de 2008 en una sesión del Consejo de Gobierno que estuvo presidida por Manuel Chaves. Once años después, el exmandatario andaluz fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla e inhabilitado por el sistema «ilegal» y opaco de ayudas del caso ERE.
El Ejecutivo socialista adelantó a Nilefós Química S.A. el 75% del incentivo. Le pagó 2,34 millones de euros mediante una transferencia bancaria para reflotar la empresa. A cambio, el empresario indio se comprometía a invertir 15 millones en un nuevo proyecto industrial para la fabricación de fosfato dicálcico, un componente químico utilizado en los piensos de animales. Pero el dueño de la fábrica se esfumó sin hacer inversión alguna, sin devolver el dinero público y sin cumplir ni uno solo de sus compromisos. En julio de 2009 dejó abandonada la fábrica. No pagaba la luz, ni el agua ni el servicio de vigilancia. Un triste epílogo para una empresa que recibió entre 2008 y 2009 ayudas por 8,4 millones de euros, de los que la Junta le abonó 3,6 millones entre la partida de los ERE y el incentivo de la agencia IDEA.
Con sede en Uganda
En su intento por sofocar el conflicto laboral, la Junta abrió la manguera de dinero público para poner en marcha la fábrica. Su supuesto salvador era un empresario hindú que había fundado su grupo, Madhvani International (MISA), en Islas Vírgenes, considerado un paraíso fiscal para la Agencia Tributaria española. En marzo de 2007, la Dirección General de Defensa de la Competencia emitió un informe sobre la adquisición de la fábrica de la española Rhodia por parte de Nilefós Química
S.A. El documento oficial detalla que la empresa compradora es una sociedad inglesa que pertenece al grupo MISA, «constituido en Islas Vírgenes» y con sede social en Uganda. El «holding», vinculado a la familia hindú Madhvani, se dedica al sector agrícola, industrial, energético y de infraestructuras en el país africano.
La última vez que el propietario se reunió con las autoridades de la Junta de Andalucía fue el 25 de julio de 2009. Tras aquella reunión el Gobierno autonómico le dio sucesivos ultimátums para que cumpliera con su parte del trato, pero no volvió a dar señales de vida. «Se esfumó sin más», resumió el entonces presidente del comité de empresa, José Pérez Marroco.
Su paradero sigue siendo hoy un
Fábrica abandonada
El empresario indio, al que llegaron a concederle 8,4 millones, no pagaba la luz ni el agua ni la vigilancia
enigma. Como avanzó ABC, el magistrado que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana, ha emitido un requerimiento de búsqueda para localizar al dueño de Nilefós; a su director general, Biswarup Tafafdar, y al consejero delegado, Stephen John Richard France. Los tres están investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en una pieza separada de la macrocausa de corrupción. No se presentaron a declarar cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla los citó el 8 de agosto de 2019. El juez ha enviado un oficio al Equipo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Guardia Civil de Huelva para que amplíe las diligencias relativas a estas ayudas.
Cuando iniciaron su investigación, estos agentes no encontraron documentación que arrojara luz sobre «en qué consistió el plan de viabilidad ni la reestructuración de la planta», como expusieron en un atestado policial entregado al Juzgado en 2016.
Según los testigos que declararon ante la Guardia Civil, «ese dinero se destinó casi en su totalidad al pago de la deuda contraída con los trabajadores, a quienes se les debían varias mensualidades, así como al pago de pequeños proveedores».
La Junta se desentendió
No conforme con los fondos recibidos, en marzo de 2009 los directivos de Nilefós solicitaron al consejero de Empleo, Antonio Fernández, un aval público para lograr un préstamo de 2,7 millones. «Pero no llegó nunca a recibir ningún crédito bancario con el supuesto aval de la Junta», informa la Guardia Civil. Basándose en los testimonios, sostiene que utilizó el dinero del incentivo para abonar salarios atrasados «y no para el fin para el que le fue concedido, que era la innovación y la reestructuración» de la planta. El Gobierno andaluz, según los agentes, tampoco se habría preocupado en recuperar el dinero evaporado. «No consta en el expediente ningún tipo de seguimiento por parte de la Junta de Andalucía en lo que al destino de este dinero se refiere», concluyen.