La Fiscalía pide que los presos vuelvan a la cárcel tras el 14-F
Se opone al tercer grado por la gravedad de la condena y su nulo arrepentimiento
como la mejor garantía para que ERC tenga un papel de colaboración en Madrid. Y también es la ansiada fórmula de Iglesias para consolidar el ‘bloque plurinacional’ en el Congreso con sus 35 diputados junto con los de Bildu (5) y ERC (13) para formar un bloque unido e imprescindible para Sánchez. Lo que aleja a PP y Ciudadanos.
Podemos considera que su trabajo en el Gobierno fue recompensado este 14-F y que ahora están fuertes para ser determinantes en el próximo Ejecutivo catalán. «Lo importante no era quién ganase, sino quién tenía la capacidad de articular un gobierno de izquierdas y ese objetivo lo cumplimos», dijo ayer Isa Serra, portavoz de Podemos; y añadió▶ «Hay mucho apoyo al bloque que sostiene la coalición».
Apenas unas horas después de la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña, la Fiscalía recurría ayer el tercer grado de los presos del ‘procés’, que han tenido la oportunidad de campar a sus anchas por la campaña electoral e incluso de valorar los resultados de su formación, como fue el caso de Junqueras con ERC antes de que lo hiciera Pere Aragonés.
El Ministerio Público entiende que no procede este régimen de semilibertad porque en el acuerdo de la Generalitat que lo avala «no se hace mención a ninguna circunstancia distinta a las que se contenían en la progresión acordada hace seis meses y revocada hace tan solo 40 días por el tribunal sentenciador» (el Supremo). Dicen los fiscales que ni en esa resolución del Govern ni en los informes que lo acompañan –y que la Generalitat tardó una semana en notificarles–, se constata que se hayan superado ‘los déficits’ indicados por los jueces para negar esa semilibertad. Por ello, las razones que dio el Supremo en diciembre siguen manteniendo ‘toda su vigencia’.
El precedente de julio
Además, piden a los jueces de vigilancia penitenciaria que suspendan la libertad de los presos mientras resuelven sobre la progresión de grado, algo que sucedió en el caso de los internos de Lledoners cuando en julio la Generalitat les obsequió por primera vez con ese tercer grado. Entonces, el juez avaló esa semilibertad pero la dejó en suspenso hasta que el Supremo decidiera en una segunda instancia, lo que hizo en diciembre.
La gravedad de las condenas impuestas y de los hechos cometidos por los líderes del ‘procés’, sumado al tiempo que llevan en prisión y a su nulo arrepentimiento son el denominador común de los recursos presentados contra los nueve líderes independentistas condenados por sedición. En ellos, los fiscales no ahorran críticas a la administración penitenciaria, de la que sospechan por intentar alterar por la vía de los hechos una sentencia que no comparten. «El goteo cronológicamente medido de esas decisiones; su aplicación a todos ellos (los presos) sin excepción; el haberse adoptado con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas (en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte); la gravedad de los delitos cometidos; el hecho de que la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad y; finalmente, la pública manifestación de alguno de ellos de su voluntad de volverlo a hacer; son todas ellas circunstancias que permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».
En el recurso de Junqueras, los fiscales subrayan que su conducta fue muy grave, «no sólo en términos jurídicos, sino en términos de repercusión social e institucional», porque el perjuicio causado afecta a la estructura del Estado así como a la Constitución, al haber querido «vulnerar la unidad territorial» de España y desobedecido leyes y mandatos judiciales. «No se puede trasmitir a la sociedad que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos», apuntan.
Las ideas no se condenan
Sostienen los fiscales que los fines de reeducación y resocialización no están cumplidos porque «no hay auténtica asunción delictiva» por parte del líder de ERC. «Reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho, tal y como ocurre en este caso».
Los fiscales recuerdan que los condenados no lo han sido por su ideología, sino por la falta de respeto a las leyes democráticas. «No hay una voluntad superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato constitucional, que es el que sustenta a las instituciones (...), ni se puede uno arrogar la facultad de interpretar la voluntad popular», dicen.
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