«La Inspección garantiza el adoctrinamiento en las aulas»

en los colegios, no dando curso a las denuncias, no investigando, desanimando de palabra, nunca por escrito, a los padres que reclaman clases en castellano, desinformándoles diciendo que la inmersión obligatoria total es legal, no investigando las denuncias de manipulación de los libros de texto, realizando informes ad hoc para exculpar a directores o profesores que adoctrinan. La situación empeorará con la ley Celaá, ya que en la fase de oposición a plazas de inspectores se elimina la prueba de oposición. Amigos correligionarios, haced cola, os espera una plaza de inspector, dinero bueno.

—¿Cuál es la solución?

—Acabar con la inmersión obligatoria. Esa ecuación de que sólo con inmersión obligatoria se protege al catalán es falsa. Lo único que puede provocar es disgusto y rechazo. Con un sistema bilingüe, debería solucionarse de forma equilibrada y flexible. En zonas catalonohablantes, con más presencia porcentual del castellano; en zonas castellanohablantes, con más presencia porcentual del catalán. Eso sí, sin convertir a ninguna de las dos lenguas en residual. Con libertad de elección, a la elección de los padres.

—¿Por qué no está de acuerdo con la Ley Celaá?

quien incidió en que se debe actuar entre ministerio y autonomías como se hizo en 2005 para llegar a un acuerdo sobre la estrategia nacional de gestión y protección del lobo. Ofrecen «colaboración leal» para la «actualización esa estrategia nacional» que consideran imprescindible antes de dar más pasos que determinen «las medidas» a adoptar, «sea catalogación, no catalogación o cualquier otra». «Pero, desde luego, el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que entendemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico», recalcó el consejero de Castilla y León.

A los tribunales

De no atenderse sus pretensiones, en las que cuentan con el apoyo de otras comunidades como País Vasco, Aragón o Madrid, «ejercitaremos todas aquellas acciones» que consideren necesarias «en protección de Castilla y León, de los intereses de nuestros ganaderos y de la población de nuestros pueblos». Suárez Quiñones añadió que están dispuestos a «llegar si es preciso a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como la ganadería extensiva y población en el territorio rural». Desde las organizaciones agrarias también han alzado la voz en contra de la prohibición de la caza del lobo también al norte del Duero y el ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco ha mostrado su conformidad. Ribera ofreció a los consejeros «trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones que contribuyan a reducir los daños en la cabaña ganadera y también a reducir la mortalidad del lobo ibérico y asegurar de ese modo su conservación a largo plazo».

Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias rechazan el cambio de estatus y el Ministerio lo defiende

En el ya tristemente famoso mercado de Huanan, investigado como origen o propagador del coronavirus, diez puestos vendían animales salvajes. Algunos de sus comerciantes procedían de la provincia sureña de Yunnan, donde se han detectado coronavirus de murciélago similares al que ha desatado la pandemia, y otros de Cantón (Guangdong) y Guangxi, donde se capturan los pangolines que también están siendo investigados. En una entrevista con ‘The New

York Times’, así lo explica el experto Peter Daszak, del equipo de la OMS, quien aboga por rastrear la cadena de suministro de dicha lonja. Tras analizar las pruebas en

Wuhan, asegura que «hay animales que llegan al mercado que podrían haber traído el coronavirus de otras partes de China. Algunos de estos animales proceden de lugares donde sabemos que se han hallado los parientes más cercanos del virus. Ahí está la verdadera bandera roja».