Las comunidades exigen a Ribera que no prohíba la caza del lobo
La ministra, sin embargo, no parece dispuesta a dar su brazo a torcer
Posturas encontradas
Firmes en sus posiciones, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia alzaron ayer de nuevo la voz de forma unánime para decir a la cara –vía pantalla en reunión telemática– a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no están nada de acuerdo con sus pretensiones de incluir al lobo en el listado de especies protegidas e impedir así su caza también al norte del Duero. La reclamación «unánime» por parte de los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades que albergan el 95% de los ejemplares de ‘canis lupus’ de España es que «se suspenda» esa «precipitada» catalogación, aprobada en una polémica reunión y con el rechazo de los territorios directamente afectados.
Más de dos horas de un encuentro que llegó ayer tras cuatro meses de peticiones para verse reclamadas sin éxito desde las cuatro comunidades y en el que expuserieron el «gravísimo error» de la postura del departamento de Ribera, basada «en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona». Aseguraron no entender que se quiera «echar por tierra» el trabajo realizado por las comunidades loberas durante estos años. Pero, a tenor de la nota enviada por el ministerio, no parece que vaya a dar su brazo a torcer. Entiende «que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie». Desde las autonomías directamente afectadas, de distinto signos políticos, expusieron las «razones políticas, técnicas y jurídicas» por las que «no puede ser» que se pretenda prohibir ya la caza del lobo.
La orden ministerial que lo hará efectivo está redactada y en consulta pública hasta el 26 de febrero. Pero desde las comunidades quieren poner freno. Reclaman «que nos sentemos como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa a trabajar sobre lo que hay que trabajar». «Las casas hay que hacerlas desde los cimientos», subrayó el consejero de Castilla y León, Suárez-Quiñones,