Acuerdo de la Junta y sindicatos para tramitar la Ley de Función Pública
El Gobierno andaluz cerró ayer lunes con CSIF y UGT un acuerdo en torno al anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, un texto trabajado en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración.
El Consejo de Gobierno aprobará hoy dicho anteproyecto de ley con la intención de que pueda llegar al Parlamento «en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura», según ha informado la Junta en una nota. La firma del acuerdo se ha materializado en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo con la participación del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales.
Para la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública se constituyeron cinco grupos de trabajo con representantes de la Administración andaluza y de las organizaciones sindicales, con el compromiso de «contribuir, a través del diálogo social, a avanzar en el desarrollo legal de la función pública de Andalucía», según explican desde la Junta.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, confirmó que el Consejo de Gobierno dará luz verde hoy martes a un texto que es «fruto del diálogo y del trabajo y que se ha desarrollado con el objetivo común de mejorar y actualizar el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración».
El Gobierno andaluz presenta este anteproyecto de ley 36 años después de que se aprobara la ley anterior y 14 años después de que se haya aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, mientras en Andalucía continúa vigente una ley reguladora de la función pública que data de 1985.
Pruebas prácticas
Entre otras novedades, adaptará los procesos de selección a los opositores del siglo XXI «con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística»; reconocerá el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ni de actividad; así como la oferta de empleo público incluirá como mínimo un 25% por ciento de plazas para promoción interna.