El Gobierno admite que la Iglesia registró sus bienes «al amparo de la legalidad»

∑Un informe de más de 3.000 páginas ha necesitado el Ejecutivo de Sánchez para reconocer que la Iglesia «no inmatriculó inmuebles a su favor sin mediar un título»

ermitas, santuarios). Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la catedral-mezquita de Córdoba, la catedral primada Santa María de Toledo, la basílica del Pilar de Zaragoza o la Catedral de Burgos. El resto de inmuebles (hasta completar los 34.961) no son lugares de culto. La gran mayoría son casas y locales parroquiales, cementerios, fincas rústicas o solares, pero en algunas diócesis también aparecen otro tipo de bienes, como algunas plazas de garaje, locales comerciales, y hasta un frontón, construido sobre una de las paredes de una Iglesia en el municipio de Hoz de Marrón-Ampuero en la diócesis de Santander.

En el caso de la diócesis de Granada, por ejemplo, aparecen cerca de ocho locales comerciales y en la de Málaga varios aparcamientos, pero ninguno de todos estos bienes fueron registrado por certificación eclesiástica.

Este procedimiento especial habilitado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria del Gobierno de Aznar permitió a la Iglesia entre 1998 y 2015 la inscripción de muchos de sus bienes «mediante certificación del obispo por tenerlo incluido en el inventario del patrimonio de la diócesis o por posesión

Bienes inmatriculados por las diócesis según el tipo de título

inmemorial y debía ser acompañado de un certificado catastral que dice quién es el titular catastral», recuerda el Colegio de Registradores.

Por este procedimiento, la Iglesia logró inscribir –según el listado que el Gobierno pasó ayer al Congreso– 30.335 inmuebles, entre los que figuran la Catedral de Burgos o la catedral mezquita de Córdoba. Las diócesis de Castilla y León y Galicia fueron las que más bienes registrador por este mecanismo especial con 8.706 y 6.210 inmuebles, respectivamente.

Los restantes 4.626 (hasta completar los 34.961) figuran con otro tipo de títulos de propiedad. «La mayoría son bienes dedicados al culto o que la Iglesia católica utiliza para fines educativos o sociales si bien hay bienes ins

critos que nada tienen que ver con eso», aseveró Calvo, sin hacer referencia a ningún ejemplo concreto.

Tras conocer la noticia, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, agradeció «el reconocimiento de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador». A renglón seguido el prelado recordó que si bien la ley fijaba dos años de plazo para que «aquellas personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes una vez inscritos», la Iglesia «no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo». «Por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, la Iglesia está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».

Pese a que los templos han estado en manos de la Iglesia desde tiempos inmemoriales,

Revisión

«La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo», afirmó el portavoz

de los obispos

ninguno de ellos fueron inscritos en el Registro de la Propiedad hasta después de 1998 porque –al igual que los bienes de dominio público– estaban exceptuados de la posibilidad de inscripción. La reforma de la Ley Hipotecaria impulsada por Aznar suprimió en 1998 esa disposición, por considerarla inconstitucional, y además permitió a la Iglesia inmatricular sus bienes a través del procedimiento de la certificación eclesiástica y no con un título de propiedad formal.

Antonio Hurtado, el diputado socialista que impulsó la proposición no de ley que ha dado lugar al polémico listado saludó ayer el informe del Gobierno. «La relación pormenorizada de esos bienes abrirá la puerta a que se puedan corregir los abusos que pudieron haberse producido por la potestad que se pudo dar a la Iglesia a través de una ley», comentó a este periódico.

En martes de Carnaval, ayer volaron las acusaciones cruzadas entre Unidas Podemos y el PSOE sin necesidad de disfraz. Con críticas tan feroces como las vertidas en las horas previas desde el Ministerio de Igualdad, que apuntó directamente a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, como la responsable del «bloqueo» en Moncloa a la ‘ley Trans’, la dirigente socialista se sentó a enmascarar como pudo los roces evidentes que fracturan el pacto de coalición. Tras el Consejo de Ministros y ante el aluvión de preguntas, Calvo apuntó a que al borrador difundido por el gabinete de Irene Montero le falta «calidad normativa y seguridad jurídica», y que se trata de una norma tan importante que «dos o tres leyes así justifican una legislatura».

Calvo pidió más tiempo para la revisión de la norma, aclaró a Igualdad que su posición de freno no obedece a una decisión arbitraria y que hay materias más difíciles que requieren más trabajo. Y no la premeditación que está imprimiendo el departamento de Montero a la norma para presentarla el próximo martes, 23 de febrero, como su gran proyecto estrella antes del 8-M.

Con grandilocuencia, Calvo garantizó que la norma colocará a España en la atalaya de la defensa de los derechos humanos, para lo que tanto UP como PSOE preparan una «constelación» de proyectos▶ la ley LGTBI, la ley Trans y la ‘ley Zerolo’, contra la discriminación de trato. Pero Igualdad considera que la última «invade sus competencias»; mientras la vicepresidenta urgió a que las leyes deben estar en sintonía y ser pulidas a través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Justicia, Educación y Sanidad.

Calvo insistió que el procedimiento con cualquier reforma normativa estriba en que llegue a la mesa de la comisión general de secretarios y subsecretarios de Estado de los jueves «muy madura». Y la ‘ley Trans’ no lo está. «Cada ley que entra en el tráfico jurídico del país puede afectar a otras», dijo la doctora en Derecho Constitucional, así que hay que esperar y depurar el que es un «compromiso electoral» en toda regla.

«Socialistas desleales»

Por mucho que Calvo se afanase en aplacar la escalada de tensión que ha envuelto a los dos partidos desde que Igualdad filtrase un borrador de la norma sin que hubiese obtenido el visto