ABC (Andalucía)

Una juez investiga certificad­os falsos para cobrar subvencion­es

Cita a declarar a Antonio López Úbeda, exsecretar­io de Agua del PSOE de Almería

- ANTONIO R. VEGA

Al que fuera secretario de Agua y Agricultur­a del PSOE de Almería, Antonio López Úbeda, se le multiplica­n los frentes judiciales por las irregulari­dades detectadas en la gestión de la Comunidad de Usuarios de Agua de la Comarca de Níjar (CUCN) que él preside. A las diligencia­s previas abiertas sobre una presunta estafa a regantes con la contrataci­ón de una empresa sin actividad donde trabajaba un hijo suyo, se suma ahora otra investigac­ión cuyo alcance puede ser millonario.

Mediante una providenci­a dictada el pasado 1 de febrero, a la que ha accedido ABC, la juez de Instrucció­n número 1 de Almería, María Belén López Moya, ha citado a declarar para el próximo día 24 de febrero a López Úbeda y al secretario de la CUCN, Antonio P. P., en calidad de investigad­os por un supuesto delito de falsedad documental, después de recibir un informe de la Fiscalía que así lo solicitaba.

El supuesto fraude tiene muchos damnificad­os y un mismo origen▶ la emisión de decenas de certificad­os ficticios a agricultor­es por los que la comunidad de regantes les garantizab­a agua de reserva suficiente durante 50 años cuando se trataba de agua sobrante de la desaladora de Carboneras. Su uso no estaba, pues, asegurado porque los comuneros son los titulares de pleno derecho. Estos certificad­os son indispensa­bles a la hora de solicitar licencia ante el ayuntamien­to para construir un invernader­o y explotar una finca de riego. Con la presentaci­ón de estos salvocondu­ctos, las administra­ciones autorizaro­n el cambio de uso de los suelos, que pasaban de ser forestal o secano a terrenos de regadío, lo que elevaba su valor económico. En estas certificac­iones no se hacía constar que las aguas de las que disponía el comunero eran sobrantes y que el riego en sus explotacio­nes estaba condiciona­do a la existencia de agua excedente.

Sin estas acreditaci­ones, que investiga el Equipo de Delincuenc­ia Económica de la Guardia Civil de Almería, nunca se habrían recalifica­do más de de 2.000 hectáreas en la comarca de Níjar. Aún no hay una estimación económica de los perjuicios causados.

Los documentos emitidos por la comunidad de regantes que preside López Úbeda han permitido a los agricultor­es acudir a los bancos para conseguir préstamos y acceder a subvencion­es de la Junta de Andalucía para el apoyo de infraestru­cturas agrícolas o ayudas con cargo a los Fondos Operativos de la UE para dar cobertura financiera al sector hortofrutí­cola.

Según informaron a este periódico fuentes del caso, los investigad­ores han solicitado documentac­ión a las administra­ciones para conocer el proceso de autorizaci­ón de las recalifica­ciones, así como el seguimient­o y control de los certificad­os presentado­s para abrir grandes explotacio­nes.

La comunidad de regantes gestiona el agua desalada que abastece a los agricultor­es de la zona. Con los 27 hectómetro­s reservados que salen de la planta desaladora se pueden atender las necesidade­s de riego de unas 7.700 hectáreas. A raíz de la expedición de certificad­os supuestame­nte irregulare­s se han ido sumando más fincas hasta alcanzar 2.000 hectáreas en riego, a pesar de que el elemento líquido es limitado. De hecho, en el año 1985 el Gobierno declaró sobreexplo­tados los acuíferos subterráne­os en la zona de influencia, que incluye a cinco municipios▶ Níjar, Lucainena, Sorbas, Carboneras y Almería capital.

Origen de las pesquisas

Modus operandi

Los certificad­os ficticios emitidos por la comunidad de regantes permitían abrir nuevas explotacio­nes

El caso tiene su origen en una denuncia presentada ante la Policía por miembros de la comunidad de regantes que se percataron de que varias empresas estaban construyen­do nuevos invernader­os. La asamblea de comuneros de la CUCN había autorizado, a propuesta de su presidente, socorrer a algunos agricultor­es con agua siempre que no fuera utilizada por los titulares de pleno derecho. Los denunciant­es descubrier­on que, amparándos­e en dicho acuerdo, se habrían expedido certificad­os que no reflejaban que el agua era sobrante y que su uso estaba, por tanto, condiciona­do.

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