El Gobierno aguanta ‘sus Bankias’ por falta de apetito del mercado
∑El Ejecutivo ha retrasado a finales de 2023 el plazo para desprenderse de su participación pública
Diez años después de nacer, Bankia morirá este próximo marzo tras ser absorbida por Caixabank. Pero su nombre quedará para la historia como la entidad que mejor representa el drama de la crisis de 2008. La entidad recibió –sumando BMN– 24.069 millones de euros públicos desde 2010, un rescate financiero que todavía hoy colea ya que el Estado no ha podido salir del accionariado en todo este tiempo y tendrá difícil hacerlo a corto-medio plazo. La razón, el mercado. De ahí que el Gobierno haya retrasado a finales de 2023 el plazo para vender sus ‘Bankias’, que pronto serán ‘Caixabanks’.
El Estado ostenta en la actualidad el 61,8% del capital social de Bankia. Un porcentaje que quedará reducido hasta el 16,11% una vez se integre legalmente en Caixabank. La Administración pasa de ser el principal accionista de un banco a permanecer diluida en otro. No quedó más remedio que aceptar el ofrecimiento de la firma de origen catalán para tratar de dar una patada hacia delante con esa participación pública ya que, según fuentes financieras, el recorrido que podía tener Bankia estaba muy limitado. Y el Covid ha terminado por hundir el valor del porcentaje que tiene el Estado.
Fue Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, el que tomó la determinación de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez. El exbanquero, aunque nunca parece haberse echado a un lado, contactó con la vicepresidenta Nadia Calviño para plantear su oferta y el Ejecutivo tragó con el ofrecimiento. Meses de negociaciones para ver qué participación se quedaría el Estado y dónde quedaría el equipo que reflotó Bankia, el de José Ignacio Goirigolzarri. Porque la reputación de este último es muy alta en el sector financiero y es un activo valioso como gestor; tanto, que será el nuevo presidente de Caixabank, eso sí, con funciones ejecutivas bastante limitadas.
Pese a que el Gobierno vende la operación como un triunfo para intentar maximizar la recuperación del rescate inyectado, la realidad es que salir de ese accionariado durante estos años ha sido una tarea ardua. De los 24.069 millones públicos que recibió Bankia (más BMN) apenas se han recuperado 3.303 millones de euros. Esta cantidad se ha logrado con la colocación de dos paquetes de acciones y los dividendos recibidos desde 2014. En el sector, y también en el Gobierno, se da por descontado que recobrar las ayudas al completo será tarea imposible. De hecho, fuentes financieras apuntaban ya en septiembre que la fusión con Caixabank supone que el Ejecutivo prácticamente da por perdidos unos 16.000 millones del rescate.
En 2014 se colocó un 7,5% del accionariado por 1.304 millones y en 2017 se hizo lo propio para recaudar otros 818 millones. Vía dividendos la recaudación para las arcas públicas asciende a 1.180 millones de euros; en este caso, en 2020 y en 2021 se verá resentido lo que recogerá el Estado como remuneración al accionista por las limitaciones del BCE.
En el Gobierno –instigados por Bruselas– saben que quedarse dentro del capital social de un banco no es una situación que pueda mantenerse y, aunque Unidas Podemos soñara con convertir Bankia en una entidad pública permanente, más pronto que tarde el Ejecutivo tendrá que tomar la decisión de malvender su participación pública, que será del 16,11% en Caixabank. Malvender porque el paquete accionarial, hoy día, vale apenas 3.000 millones de euros en el mercado, cuando a mediados de 2017 era prácticamente el doble. Las cotizaciones bursátiles son un problema para todo el sector bancario porque, aunque es un gremio solvente, no tiene ninguna rentabilidad.
El mercado no apuesta por la banca. Y no solo durante la crisis del Covid. En diciembre de 2017 se realizó la última venta de acciones de Bankia por parte del Estado. Este periódico ha preguntado, a través del Portal de