1.707 solicitudes
nes inician el proceso en ese país a recurrir a la «vía ucraniana», es decir, conseguir un pasaporte ucraniano para sus hijos para volver a España.
La justificación del Ejecutivo para dificultar el proceso en Ucrania es que se desaconseja desde hace unos años la gestación subrogada en el país «por falta de seguridad jurídica y casos de mala praxis médica». La legislación ucraniana no prevé una sentencia judicial como sí ocurre en otros países, sino que se comprueba la filiación entre el padre y el hijo mediante una prueba de ADN. Pero pese a estas trabas, el Gobierno no ha logrado frenar la gestación subrogada en el país, pues los niños siguen naciendo y llegando a España con pasaporte ucraniano. Desde 2017 y hasta 2020 hubo 945 solicitudes para inscribir a nacidos por gestación subrogada en el consulado de Kiev. En Estados Unidos, la cifra fue de 631 en el mismo período.
Solo para matrimonios
«No ha habido un descenso radical, pero sí hemos notado que la gente está mirando más hacia Estados Unidos al ver que se trata de un proceso complejo y que al final es lo más seguro», explica el representante de una de las principales agencias de gestación subrogada en España. Pero iniciar este proceso en un sitio u en otro presenta diferencias muy significantes. La primera, el precio. Mientras en Kiev puede suponer un coste de entre 40.000 y 60.000 euros
Entre 2017 y 2020 se recibieron 1.707 solicitudes para inscribir como españoles a menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada.
Prueba de ADN En Ucrania se
solicita una prueba de ADN que demuestre la filiación entre el padre y el hijo
–50.000 de media–, en otros lugares como Los Ángeles, Miami o San Francisco puede ascender a 120.000 euros; más del doble. Además, no todo el mundo puede acceder a la maternidad subrogada en Ucrania. «Solo se permite a matrimonios heterosexuales con un problema médico demostrable y documentable. Las parejas del mismo sexo o personas solteras no pueden acudir ahí», afirma el representante de la agencia. En Estados Unidos, por el contrario, cada estado donde se permite esta práctica tiene una regulación clara sobre quiénes pueden acceder al proceso. En lugares como Texas y Utah, por ejemplo, es necesario estar casados, mientras que en otros como California o Nevada el estado civil no es ningún requisito.
Pero lo que demuestran los datos es que pese a las reiteradas manifestaciones de miembros del Ejecutivo contra la gestación por sustitución no han logrado frenar la práctica. «Hay dos partidos en el Gobierno que se han manifestado contra el alquiler de vientres pero no han movido ni una coma para evitar la explotación de mujeres en terceros países», señala Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y una de las principales voces del feminismo en España.
Lo que solicitan al Gobierno, dice, es «coherencia» y «dar una moratoria» que concluya los procesos ya iniciados para no dejar a menores en el limbo, pero no permitir más desde una fecha concreta.