Más de dos años de bloqueo tras el SMS que voló el pacto
PSOE y PP tenían cerrado el acuerdo en diciembre de 2018, sin Podemos en la mesa
Si no hubiera trascendido el mensaje que el entonces senador del PP Ignacio Cosidó envió a su grupo parlamentario y por el que el magistrado Manuel Marchena renunció a convertirse en presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial –el del famoso «control de la Sala Segunda desde atrás»–, el nuevo órgano de gobierno de los jueces se habría renovado en diciembre de 2018.
Las negociaciones entre la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá, por parte de Génova, fructificaron en tiempo récord, hasta el punto de que los ocho juristas que tienen que proponer los grupos parlamentarios ya habían pasado el trámite de entrevistas ante la Comisión de Justicia del Congreso. Entre ellos estaba José Ricardo de Prada, el juez que apenas unos meses antes había redactado la parte de la sentencia de Gürtel que daba por acreditada la caja B del PP sin haberse ni siquiera celebrado el juicio.
Fuentes próximas a aquella negociación reconocen que fue la presencia de De Prada entre los nuevos vocales del Consejo la que encendió los ánimos de los populares (y motivó el mensaje de Cosidó). No acababan de entender cómo Catalá había aceptado a quien consideraban responsable de la moción de censura a Rajoy pudiera estar en el Consejo. Y es que en aquel momento ambas partes dispusieron que para sacar adelante el acuerdo lo antes posible no iba a haber vetos entre los negociadores. Respecto al presidente, supuestamente se trataba de un nombre consensuado pero no lo debía ser tanto cuando la filtración interesada del nombre de Marchena reventó aquel acuerdo a última hora. La imagen de independencia del Poder Judicial quedaba a los pies de los caballos, teniendo en cuenta que la Ley
Pedro Sánchez y Pablo Casado, en La Moncloa en septiembre de 2020
Orgánica del Poder Judicial dispone que son los propios vocales los que eligen a su presidente una vez constituidos en su primer pleno. Pese a ello, en cada renovación del Consejo las partes siempre han puesto sobre la mesa nombres de candidatos para la presidencia. Tanta luz y taquígrafos en este caso pusieron de manifiesto las miserias de una negociación eminentemente política.
Fue más de un año después, tras las elecciones de diciembre de 2019 y el paso de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado, cuando se reactivaron los conversaciones entre Gobierno y Génova, ahora con el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el portavoz del PP Enrique López como negociadores. La buena relación que ambos mantienen desde su paso por el Consejo General del Poder Judicial, donde coincidieron como vocales, hacía presagiar un final feliz. Ha costado. Y ha laminado por el camino la imagen de independencia del Poder Judicial ante la constante deslegitimación de las actuaciones que el CGPJ ha venido desempeñando durante todos estos meses.
Juez de Gürtel En el PP no gustó que se admitiera a José Ricardo de Prada como vocal, pero se trataba de un pacto sin vetos
Ataques a jueces
Y es que la presencia de Podemos en el Gobierno y sus continuos ataques al Poder Judicial y a la Monarquía frustraron el segundo acuerdo serio entre Gobierno y PP el pasado agosto. Un acuerdo que no difería mucho del de Catalá y Delgado en términos cuantitativos, con la única diferencia de que los populares tenían ya muy claro que no iban a permitir que nadie de la formación de Iglesias participara en la negociación ni se sentara en el Consejo. Perfiles tan marcados como el juez De Prada o el de la exdiputada Victoria Rosell quedan excluidos de la composición del nuevo órgano de gobierno de los jueces, que deberá contar con profesionales cuyas trayectorias no estén vinculadas a ninguna formación política.
Respecto a los doce vocales jueces, el proceso de elección ya se inició en su momento, en el verano de 2018, meses antes incluso de la fecha en la que vencía el mandato del actual Consejo. Aunque las Cámaras se disolvieron con la convocatoria de nuevas elecciones, este proceso es independiente del de los ocho juristas, que sí está vinculado a la actividad parlamentaria. De los 51 togados que las asociaciones judiciales presentaron entonces, 49 continúan la carrera hacia al Consejo.
El presidente La filtración del nombre de Marchena destapó las miserias de la negociación sobre
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