Casi tres de cada diez contratos de trabajo duran siete días o menos
La pandemia se está cebando con los trabajadores temporales debido a su menor protección y sueldo. De los 604.600 empleos destruidos el pasado año, el 65% fueron de duración determinada
bién con la economía en recuperación fueron los primeros en ser contratados. Desde que en 2014 la economía comenzara a crecer y a crear empleo, la temporalidad no ha parado de crecer, una evolución quebrada por la pandemia.
Organismos nacionales e internacionales llevan años dando un toque de atención e instando a los sucesivos gobiernos en España a tomar medidas por una disfunción del mercado achacable, en parte, a la estacionalidad del mercado y al fuerte tirón del sector servicios y del turismo, muy intensivos en mano de obra.
Entre los organismos más críticos con la dualidad del mercado de trabajo está el Banco de España. La entidad ha alertado en varias ocasiones de este desequilibrio y ha recomendado «potenciar el atractivo de la contratación indefinida». El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos insiste en los efectos negativos que la elevada temporalidad tiene sobre la productividad y la desigualdad de sueldos y sostiene que los cambios normativos de los últimos años no han permitido revertir esta situación.
Según el supervisor, la tasa de conversión de los contratos temporales en indefinidos se sitúa bastante por debajo de la registrada antes de la crisis. Si en 2006 y 2007 solo un 13% de los contratos acababa convirtiéndose en fijo al cabo de un año, ahora la ratio apenas alcanza el 10%. Una cifra algo mejor que la de 2016, cuando solo era el 6%, pero muy lejos de la media de la UE que se coloca en el 24%.
Rotación
Un trabajador temporal necesitó
encadenar 5,8 contratos en 2019 para trabajar
todo el año
Coste del despido
La Comisión Europea también ha dado un toque de atención a España por la temporalidad, que considera que no está justificada solo por el mayor peso de sectores como el turismo. Y las críticas han llegado igualmente desde el FMI, que habla de que el modelo no ha cambiado y de que persiste la baja cualificación. Sostiene que hace falta atajar la precariedad y que para ello es necesario estrechar las diferencias en costes de despido entre temporales e indefinidos.
¿Qué ha hecho el Gobierno para frenar esta escalada? A finales de 2018 aprobó un recargo del 40% en las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a cinco días. Una medida que justificó en la «necesidad de luchar contra la precariedad en el empleo y contra el abuso en la celebración de contratos de corta duración». Este incremento de cuota va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores, a los que se aplica un ‘coeficiente de temporalidad’ que les permitirá reunir un mayor número de días en alta. Así, por cada día cotizado se les computa 1,40 días de alta para el cálculo de prestaciones por jubilación, incapacidad temporal, paternidad o maternidad. Cuando se adoptó esta medida los contratos temporales de duración inferior a siete días ya soportaban un recargo del 36% en las cotizaciones empresarial por contingencias comunes.
Fines de semana
En una vuelta de tuerca a las penalizaciones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también anunció una penalización por rescindir contratos en fines de semana. Las empresas que realizan estas prácticas dan de baja los contratos del trabajador el fin de semana para volverlo a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Y junto a esta medida Escrivá también se ha mostrado partidario de revisar el ‘nicho de contratos temporales’ que existe en los sectores de la educación y la sanidad.
Productividad
Todos los organismos han instado a España a corregir una disfunción que
penaliza la productividad