El TSJA abre la puerta de la Junta al personal externo contratado con subvenciones
∑Condena al Servicio Andaluz de Empleo a incorporar a orientadoras laborales de una mancomunidad que hacían las mismas tareas que el personal público
La sentencia no tiene precedentes y preludia un torrente de pleitos para la Administración autonómica que en caso de perder le costaría unos cuantos millones de euros. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto el portillo de entrada a la Junta de Andalucía a cientos de trabajadores contratados por distintas entidades externas (sindicatos, instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público) para desempeñar las mismas tareas que los empleados públicos con cargo a subvenciones que concede la Administración. En una sentencia firme dictada el pasado 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso ABC, la Justicia condena por primera vez al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y considera probado que hubo una cesión ilegal de dos trabajadoras contratadas con una mancomunidad de municipios cuyas nóminas se financiaban con cargo a la convocatoria de subvenciones del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.
El tribunal concluye que la mancomunidad «se ha limitado a confeccionarles sus contratos de trabajo y nóminas», pero que el empleador de facto es el SAE, que no sólo interviene en la selección de esta mano de obra y le da formación, sino que «además organiza, dirige, controla y supervisa sus tareas» que lleva a cabo junto al personal de plantilla en las oficinas de la agencia autonómica. La administración que concede las ayudas incluso decide sobre sus vacaciones y les ofrece las herramientas informáticas que utiliza el personal del SAE.
Por todo ello, el TSJA ratifica la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba que declaró nulos los despidos de las técnicas contratadas por la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches en Córdoba cuyas nóminas estaban financiadas con el citado programa. No sólo desestima los recursos de suplicación interpuestos por la Diputación Provincial de Córdoba
en representación de la mancomunidad y de la Junta de Andalucía, sino que condena a las dos entidades a readmitir como indefinidas no fijas a las dos trabajadoras que cesaron el 28 de julio de 2015. Ante la disyuntiva de integrarse en una u otra entidad —el tribunal les da derecho a elegir—, se han decantado por incorporarse a la agencia adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Lo harán «en las mismas condiciones que rigieron hasta sus despidos» y, además, tienen derecho al cobrar los salarios de tramitación desde el momento de su cese hasta diciembre de 2020, es decir, más de 65 meses.
Los plazos siguen corriendo y el dinero que debe abonarles el SAE se incrementa a razón de 2.656,20 euros al mes por trabajadora hasta que se haga efectiva su reincorporación, según estima el abogado que representa a las demandantes, Francisco Manuel Sánchez Blancas. La cuantía total ronda los 350.000 euros, a falta de descontar los salarios percibidos por las demandantes en otros trabajos que hayan desempeñado durante este lustro.
Su contratación fue «fraudulenta» para el TSJA. «La mancomunidad se limita a realizar un prestamismo laboral». Actuó como un empleador interpuesto. «Aparece en la posición propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucedió es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio», en este caso la citada mancomunidad, señala.
Fallo sin precedentes
La sentencia considera que hubo cesión ilegal de trabajadores de la entidad subvencionada al SAE
Reacciones
La Junta lo considera un caso excepcional, mientras más técnicos preparan demandas por sus despidos
Origen en la etapa del PSOE
La Red Andalucía Orienta está regulada por una orden autonómica del 26 de septiembre de 2014, bajo el anterior gobierno de Susana Díaz (PSOE), aunque en realidad sus orígenes se remontan a un decreto que establece dicho programa en el año 2004.
Desde entonces y hasta la actualidad, el trabajo de los técnicos de orientación de las unidades colaboradoras del SAE —la mancomunidad que contrató a las demandantes era una de ellas— no ha cambiado. Consiste en realizar entrevistas personales con los parados para adecuar sus demandas a las ofertas o actualizarlas o intermediar para intentar sacarlos de ese pozo en la segunda comunidad con más paro de España (22,74%), sólo por detrás de Canarias (25.22%), según la Encuesta de Población Activa al cierre de 2020.
Hay seis elementos que concurren en este caso y que, a juicio de los tres magistrados que dictan la sentencia, son decisivos a la hora de identificar una cesión ilegal de trabajadores. Los técnicos orientadores han realizado tareas «claramente propias del personal de dicho organismo autonómico» en las unidades de orientación, que vienen reguladas por la orden de 2014. El propio SAE formaba a los técnicos de sus entidades colaboradoras cuyas nóminas subvencionaba. Además, atendían a los parados que acudían a las oficinas de empleo y utilizaban el programa informático conocido como STO (Servicio Telemático de Orientación), cuyo acceso sólo es posible tecleando el usuario y la contraseña que autoriza la propia Administración pública.
Las orientadoras fueron preseleccionadas por una comisión mixta integrada por la Junta y la mancomunidad. Los procedimientos de trabajo los fija en su orden la agencia autonómica, que coordina las unidades colaboradoras a través de sus Centros de Referencia para la Orientación y evalúa la labor de los técnicos contratados.
El programa sigue activo en la actualidad mediante la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a ase