La ‘chapuza’ de los agentes de empleo de ida y vuelta
sorar a los desempleados andaluces para buscar trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto una nueva convocatoria del programa que ha permitido poner en marcha 234 unidades de orientación desde el pasado 28 de diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. La Junta ha concedido ayudas por más de 36,5 millones de euros a entidades colaboradoras para atender a más de 219.500 desempleados a través de 732 profesionales técnicos durante los próximos 14 meses.
Un caso «excepcional»
Desde la actual Consejería de Empleo no se muestran preocupados por que la sentencia pueda dar origen a una cascada de pleitos y aseguran que se trata de un caso aislado y excepcional que se remonta a la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE. Señalan que van a acatarla puesto que así lo establece el TSJA en una resolución firme y que de momento no les consta ninguna otra demanda vinculada al programa Andalucía Orienta.
En efecto, la sentencia no puede extrapolarse de manera automática al resto de situaciones. La guerra todavía no está ganada en los tribunales pero supone una primera victoria para los afectados que puede traer cola. De hecho, el TSJA reconoce que la situación
El TSJA marca un camino al obligar a reincorporar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a trabajadoras externas contratadas con un programa de subvenciones, Andalucía Orienta. Está por ver si los juzgados secundan esta vía o por el contrario se pronuncian de manera diferente. Sólo con cargo a la última convocatoria en vigor, se van a contratar a 732 de profesionales a través de entidades que prestan servicios para las oficinas de empleo autonómicas.
No es la primera vez que una cascada de sentencias obliga a la Junta a readmitir a cientos de contratados externos. Bajo el anterior Gobierno de Susana Díaz, el Tribunal Supremo
declaró nulos los despidos de más de 500 agentes locales de promoción de empleo (Alpe), que trabajaban en los consorcios llamados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), ahora liquidados, repartidos por las provincias andaluzas.
La ‘chapuza’ que hizo el anterior Gobierno andaluz al cesarlos fue de tal magnitud que el Alto Tribunal consideró que había habido una «palmaria desviación de poder o fraude de ley». La Junta de Andalucía que, al principio, hizo oídos sordos a los requerimientos judiciales, terminó por readmitir a los antiguos agentes locales. En la actualidad todos ellos trabajan para el Servicio Andaluz de Empleo como laborales indefinidos no fijos.
Una técnica atiende a una usuaria en una oficina del SAE
en Córdoba vivida por las dos trabajadoras demandantes era idéntica que las de los otros mil trabajadores que vieron extinguidos sus contratos en la misma fecha y cuyo despido considera nulo por falta de un expediente de regulación de empleo.
Salarios más bajos
Casi una treintena de orientadores se han puesto en contacto con el abogado que ha ganado la primera batalla al SAE para interponer una demanda al considerar que su situación es la misma. El letrado Francisco Manuel Sánchez Blancas considera «éticamente reprobable» que el SAE, que debería velar por el cumplimiento de la legislación laboral sea condenado por cesión ilegal de trabajadores.
A la vista de los hechos probados en esta resolución, este abogado censura el trato dispensado por la agencia autonómica a los técnicos de orientación que llevan veinte años desarrollando su trabajo en diferentes entidades «con salarios más bajos que los abonados a su propio personal, trabajando realmente para el SAE, con interrupciones en su labor, ya que dependen de los periodos subvencionados·. De hecho, cuando se agota la ayuda, estas tareas son desempeñadas directamente por empleados públicos.
Consorcios
El Supremo anuló los ceses de más de 500 empleados y la Junta tuvo que
volver a contratarlos