El ingreso mínimo llega solo a uno de cada cinco hogares que lo necesitan
∑Los retrasos en el cobro de la ayuda incendian la coalición y Escrivá cambia la norma hasta siete veces ∑Las barreras de entrada limitan la prestación a 160.000 hogares y dejan por el camino la mitad de las peticiones
Casi un año ha pasado desde que el Gobierno pusiera en marcha de forma atropellada el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia. Pero la ayuda no termina de cuajar. Hasta en siete veces se ha visto obligado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a cambiar una prestación que hoy solo disfrutan uno de cada cinco hogares que lo necesitan en España. Detrás del fiasco están muchas barreras de entrada y cuellos de botella en Administración, que están impidiendo que se consolide este subsidio, que oscila entre un mínimo de 470 euros al mes y un máximo de 1.034 euros determinados por la situación familiar.
La gestión del ingreso mínimo vital se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción en el seno del Gobierno de coalición. Desde su precipitado nacimiento, hasta la gestión marcada por la llegada con cuentagotas de esta ayuda, esta renta promete ser una de las grandes batallas de la formación en cuanto el protagonismo morado en el Gobierno comience a languidecer. Nacida en un momento de máxima expectación social, la gestión de esta renta ha defraudado a pie de calle. Solo en los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar este ingreso mínimo, se registraron 344.585 solicitudes, que siguieron creciendo hasta los 1,1 millones.
Los últimos datos disponibles desvelan que, en diciembre, esta prestación la ingresaban menos de 160.000 hogares de los 850.000 que el propio Gobierno se puso como objetivo cuando comenzó a rodar el pasado mes de junio. Según el Ministerio de Seguridad Social hasta la fecha se han resuelto el 80% de las solicitudes tramitadas, de las que se rechazaron el 50% mientras que a 181.000 se les ha pedido que subsanen errores administrativos. La mayor parte de las solicitudes denegadas superaban los niveles de renta y patrimonio, según el ministerio.
Precisamente han sido estos retrasos los que han generado el caldo de cultivo perfecto para la polémica. Ya en abril, Pablo Iglesias adelantó por la derecha a José Luis Escrivá anunciando que el ingreso mínimo vital se aprobaría «en unos días» sin que el ministro de Seguridad Social tuviera conocimiento de ello. En octubre, el vicepresidente del Gobierno llegó a decir que era «una vergüenza» el retraso del IMV y sugirió también que había «peleas» en el Gobierno por este asunto.
Y la semana pasada la batalla llegó hasta el Congreso con el registro de doce enmiendas para «mejorar y solventar las deficiencias», momento en que su portavoz Pablo Echenique aprovechó para acusar al PSOE, su socio de Gobierno, de «más de seis meses de ausencia de respuesta a las propuestas de Unidas Podemos» en lo relativo a la prestación. El grupo confederal defiende que «es un proyecto que define un nuevo derecho social llamado a ser la última red de seguridad para las personas más vulnerables», y que el Ejecutivo no puede permitir que «funcione mal» y
Recurso ante el TC
La Generalitat impondrá recurso ante el TC por considerar que el IMV vulnera competencias