Iglesias-Escrivá, una batalla que también salpica la reforma de las pensiones que exige Bruselas
Una de las reformas de calado que España deberá tener lista en los próximos meses es la del sistema de pensiones, condición irrenunciable para recibir los fondos para luchar contra el Covid. El gasto en pensiones crece sin límite y cada mes el sistema ya tiene que desembolsar 10.000 millones para pagar las nóminas de nueve millones de jubilados. Esta escalada del gasto es lo que explica que Bruselas reclame a España una garantía de su estabilidad a cambio de los fondos. Pero la tensión entre el ministro Escrivá y el vicepresidente Iglesias cada vez es mayor también en este terreno.
Las pensiones se han convertido en un caballo de batalla en el Gobierno de coalición a cuenta de la ampliación de la que «no llegue a todas las familias».
No obstante, el momento en que se debatirán estas enmiendas es aún una incógnita pues el real decreto del ingreso mínimo es una de las normas que siguen «atascadas» en la Cámara Baja, al igual que ocurre con más de la mitad de las leyes que fueron impulsadas durante el primer estado de alarma –de marzo a junio de 2020–, por lo que deberían haber entrado en vigor hace ya meses. En concreto, como ya denunció este diario, son 13 de los 20 textos urgentes los que siguen varados, con el agravante de que conforman el grueso de las 16 leyes que se lanzaron en aquel momento para ahondar en la lucha contra el virus y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias.
La Generalitat recurre
Los problemas se le multiplican a Pedro Sánchez con esta prestación. Ayer la Generalitat de Cataluña anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el ingreso mínimo. «Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat», aseguró el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani en una base de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. «Un recorte en las pensiones sería inaceptable e iría en contra de los pactos de coalición», dijo Iglesias sobre la medida que surgió desde Moncloa y que terminó crispando al gestor de las pensiones. Escrivá negó que estuviera planeando poner en marcha esta medida y acusó a los ministros de Unidas Podemos de esta «narrativa de confrontación».
Las peleas dialécticas no se han limitado a Iglesias y Escrivá. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, también entró en la polémica. Para la gallega la idea de Escrivá de penalizar la jubilación anticipada e incentivar el mantenimiento en el empleo es un freno para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral. entrevista en Cataluña Radio. Criticó que el Gobierno «no tiene voluntad de negociar» y coordinarse con el Ejecutivo catalán, y sostuvo que se necesita una ventanilla única para pedir el IMV y la renta garantizada de ciudadanía, la prestación que ya gestiona el Govern.
Un requerimiento europeo
La puesta en marcha del ingreso mínimo responde a un requerimiento continuado desde las instituciones europeas en los últimos años, especialmente desde el año 2014. De hecho, el refuerzo al sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza y la desigualdad es una de las recomendaciones que Bruselas incluyó para nuestro país en el último semestre europeo celebrado en Bruselas antes de la aprobación del IMV. Y es que España era el único país de nuestro entorno que no contaba con una red de ámbito estatal para intentar evitar la exclusión social. La iniciativa era especialmente urgente pues, ya en la España preCovid, la tasa de probreza extrema rozaba el 7%, lo que supone duplicar la media de la Unión Europea y triplicar la de países como Alemania.